Las compras de la renta social superan los cinco millones en pleno debate sobre su continuidad

Las compras de la renta social en los comercios locales superaron el pasado febrero la barrera de los cinco millones de euros. El acumulado de ingresos para 302 establecimientos adheridos al programa de ayudas en 18 meses de ventas de productos a las familias más vulnerables asciende, a fecha de 1 de marzo, a 5.176.950 euros. Esta cuantía sale de sumar las 55.484 facturas emitidas por los negocios colaboradores que han realizado operaciones con dinero municipal. Con las últimas transacciones contabilizadas, correspondientes a la tercera convocatoria de la renta social del pasado mes de noviembre, se eleva a 2.577 el número total de beneficiarios distintos que han efectuado compras en las tiendas con las famosas tarjetas bancarias de prepago.

Estos datos se conocen en pleno debate sobre la continuidad del programa de ayudas después de que el pasado jueves la Fundación Municipal de Servicios Sociales admitiera, a través de su presidenta Eva Illán, que carece de fondos para la puesta en marcha de una nueva convocatoria de la renta social antes de las elecciones de mayo. Un anuncio que se sumó al acuerdo plenario, con los únicos votos a favor de Foro y PP, para desviar 1,1 millones de euros del dinero que había consignado para ese programa a otros destinos como el servicio de ayuda a domicilio y el convenio con el centro especial de empleo de Apta.

La renta social municipal inició el ejercicio con la misma dotación que constaba en las cuentas de 2017, 3,2 millones de euros. De esa cantidad, 1,3 millones ya están comprometidos por la convocatoria que se lanzó en noviembre y que recibió 4.236 solicitudes. Y si se restan los 1,1 millones que ahora han ido a parar a otros programas, únicamente quedarían disponibles 785.000 euros. Esa cantidad no solo sería escasa para hacer frente a una nueva convocatoria, sino que la intención del equipo de gobierno es usarla para pagar ayudas de emergencia, un programa que pretende priorizar frente al de la renta social y que actualmente solo tiene una dotación de 400.000 euros, frente a los 1,7 millones que consumió el año pasado.

Illán explicó que la única posibilidad de que pudiese haber una nueva convocatoria de la renta sería que se inyectase más dinero al presupuesto recurriendo al remanente de tesorería, cuya cuantía no se conocerá hasta que se liquiden de forma definitiva las cuentas de 2018. Xixón Sí Puede ya lo ha reclamado.

La Unión de Comerciantes del Principado considera que esta sucesión de hechos no hace más que añadir sombras e incertidumbres sobre el futuro de la renta social. Por ese motivo ha convocado esta mañana en el Hotel Asturias a los seis grupos municipales de la actual Corporación -Foro, PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos- para analizar su apoyo a la continuidad del programa. Todos ellos recibieron la semana pasada una carta de los minoristas emplazándoles a expresar «un compromiso claro para mantener la estabilidad de la renta social» en la nueva Corporación que saldrá de las urnas el 26 de mayo. La posición contraria de partidos como el PP y Ciudadanos sobre la forma en que se ha diseñado este programa dificulta alcanzar un acuerdo unánime sobre este tema.

Para los minoristas, la renta social «es el único programa público que garantiza que las ayudas sociales repercuten directamente en la economía local, no solo de las empresas adheridas al programa de ventas, sino del conjunto de la economía gijonesa puesto que los ingresos de estas empresas repercuten en mantenimiento y creación de empleo, mayores inversiones y mejora de su competitividad».

Los comerciantes ofrecen cifras negro sobre blanco sobre la contribución a la economía local de las 288 empresas y 317 establecimientos comerciales adheridos al programa de la renta social hasta la fecha. Una contribución que se traduce, dicen, en 897 puestos de trabajo a personas autónomas y asalariadas, 11.540.000 euros anuales en salarios a su personal laboral; 389.200 euros anuales en pagos de impuestos, tasas y precios públicos municipales en concepto de IBI, agua, basura y alcantarillado; y 867.769 euros en concepto de IVA a la Hacienda Pública por las cantidades destinadas hasta la fecha en las ventas realizadas por las personas beneficiarias de la renta social.

Por parte de la asociación de minoristas, acudirá hoy a la reunión con los grupos políticos gijoneses su presidente, Germán Heredia; la vicepresidenta Sara Menéndez, y los vocales David Argüelles y María Rodríguez. También está invitada a la reunión la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) a través de su presidente, Adrián Arias. El movimiento vecinal quiere colaborar con el comercio local en este asunto como ya hizo recientemente para pedir una Junta Local de Seguridad en respuesta a la oleada de robos en el barrio de La Calzada.

Por otra parte, el informe de la renta social correspondiente al mes de marzo refleja que más de la mitad de gasto con las tarjetas (2,77 millones de euros) fue para comprar electrodomésticos y mobiliario básico y ropa. Los beneficiarios de ayudas coinciden en su mayoría con personas residentes en las zonas sur y oeste de la ciudad.