Las dudas de los grupos políticos dejan en el aire la continuidad de la renta social municipal

Las dudas que albergan los partidos políticos gijoneses sobre el actual modelo de la renta social municipal, incluso sobre su propia denominación, deja en el aire su continuidad para el próximo mandato. Así quedó de manifiesto tras la reunión en la que se vieron ayer las caras la Unión de Comerciantes y la Federación Vecinal Urbana (FAV) con toda la oposición y a la que solo faltó el equipo de gobierno de Foro. Fue imposible alcanzar un acuerdo de mínimos entre los presentes, por discrepancias hasta de matices semánticos, y eso que los comerciantes redactaron varias versiones de una misma declaración en aras del consenso.

En este momento, Xixón Sí Puede es el único grupo municipal que defiende, «casi como un dogma», el mantenimiento tal cual del programa de apoyo a las personas más vulnerables y dinamización de la economía local que se puso en marcha en 2017 con una reserva económica de ocho millones de euros a partir de un acuerdo presupuestario de Foro con Xixón e IU. El resto están abiertos a revisar, evaluar e introducir cambios en la gestión de estas ayudas finalistas, por ejemplo, para vincularlas a itinerarios de inserción laboral, como defiende el PSOE. Sea como fuere, la renta social languidece en este primer trimestre de 2019 pues el gobierno local, en situación de prórroga presupuestaria, prioriza otras necesidades con los recursos que tiene a su disposición.

La rigidez en los planteamientos de Xixón Sí Puede fue la que, según remarcaron otros grupos de la oposición, impidió un compromiso de mínimos para despejar la incertidumbre sobre la pervivencia después del 26 de mayo de esta línea de ayudas canalizadas a través del comercio local de carácter pionero en España. También influye el contexto preelectoral en el que prima más diferenciarse en el discurso que coincidir.

Especialmente llamativa es la brecha que se ha abierto en este final de mandato entre Xixón Sí Puede e IU, los dos principales valedores de la renta social desde la izquierda.

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, se reivindicó ayer como secretario general de Podemos Xixón. Advirtió a PSOE e IU de que tras el 26-M seguirá siéndolo y que el apoyo a la renta social, tal como la concibe su partido, será «un elemento imprescindible en cualquier futuro acuerdo de gobierno de izquierdas».

IU, a través de su portavoz Aurelio Martín, calificó de «demagógica y oportunista» la postura de Xixón al presentar la renta social como «un derecho». «Nosotros defendemos la existencia de unas ayudas complementarias al salario social que reviertan en la productividad de los comercios», indicó Martín, quien aboga por ampliar la base de apoyos e implicar en este programa al tercer sector.

La Unión de Comerciantes intentó sin éxito edificar el acuerdo de mínimos sobre una declaración de principios que empieza defendiendo que «las políticas sociales del Ayuntamiento de Gijón deben seguir contribuyendo a paliar situaciones de empobrecimiento de la población, garantizando que queden satisfechas las necesidades básicas del día a día a las personas residentes en Gijón evitando así riesgos de exclusión social».

El manifiesto continúa remarcando que «las ayudas sociales que el Ayuntamiento gestiona dentro de sus competencias, entre las que está en este momento la renta social, constituyen el instrumento adecuado para paliar estas situaciones de precariedad económica y debe garantizarse su continuidad bajo los principios de estabilidad presupuestaria, eficiencia, control administrativo con los procesos de evaluación y cambios necesarios para adaptarse a las necesidades de cada momento».

La declaración que finalmente no fue respaldada por los grupos destaca que «su continuidad y estabilidad (de la renta social) supone, además, una inversión cierta en la economía local, a través de las ventas en el comercio de proximidad, contribuyendo así al desarrollo de un sector empresarial que representa el 18% de empleo de la ciudad y articula una ciudad compacta y con mayor calidad de vida».

El presidente de los comerciantes, Germán Heredia, recriminó al gobierno local «el cambio de las reglas de juego» con la renta social por el reciente desvío de 1,1 millones del programa a otros destinos como el servicio de ayuda a domicilio y el convenio de Apta. Además, dio por hecho que no habrá nueva convocatoria de estas ayudas, que hasta el momento han generado más de cinco millones de euros en ventas en 302 negocios de la ciudad, antes del 26-M. «Ha sido un gran disgusto para el sector», remarcó Heredia sin querer entrar a valorar que las cantidades detraídas de la renta social sean igualmente necesaria.

Por su parte, Adrián Arias aseguró que el movimiento vecinal «toma nota» de la actitud de los partidos, «por la labor del espectáculo y la campaña electoral permanente», motivo por el cual «es más necesario que nunca articular y vertebrar una sociedad civil fuerte». Al hilo de ello defendió la importancia de la continuidad de «este proyecto pionero» después del 26-M, ante el cual el próximo gobierno local «no puede desentenderse ni ser abstencionista».