Endurecen las condiciones para el permiso ambiental regional a Marítima del Principado

Así lo confirmó ayer a EL COMERCIO Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio Ambiente, quien explicó que la firma había iniciado la tramitación de un expediente de evaluación de impacto ambiental simplificado, el procedimiento que se sigue para actividades que tienen poca incidencia ambiental. Sin embargo, a raíz de la investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) sobre el origen de las manchas en la playa se le va a notificar a la empresa un cambio de trámite para que someta su proyecto carbonero a una evaluación de impacto ambiental ordinaria que la obligará a analizar impactos, poner medidas correctoras e implementar un plan de vigilancia que Marítima del Principado tendrá que cumplir una vez que ponga su actividad en marcha.

Esto significa en la práctica que la empresa, que solo estaba pendiente ya de la contestación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica a un informe que se le requirió para evaluar afecciones en San Lorenzo de posibles vertidos, «tendrá que empezar la tramitación ambiental de nuevo». Además de las consultas a organismos e informes sectoriales, que se volverán a pedir y ya estarán muchos evacuados de la fase simplificada anterior, el nuevo proyecto para El Musel tendrá que salir esta vez a información pública para que quien se sienta perjudicado pueda presentar alegaciones. «Hemos considerado más garantista el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinario, que permite poner una serie de condicionados. El trámite simplificado es más rápido si no se atasca como en este caso. Queremos asegurarnos que se analice la incidencia ambiental en el aire y el agua de la actividad para la que pide autorización Marítima del Principado», añadió Roqueñí.

La viceconsejera de Medio Ambiente también adelantó que prevé que para la primera quincena de marzo esté aprobado y en vigor el plan de acción a corto plazo para mejorar la calidad del aire específicamente en la zona oeste de Gijón. «Irá a este Consejo de Gobierno o al siguiente», aseguró. Dicho plan tendrá una vigencia de dos años (hasta marzo de 2023) y para el caso de El Musel aseguró que se definirán actuaciones concretas en un grupo de trabajo en que además del Puerto estará también el Ayuntamiento de Gijón. Roqueñí explicó que de ese grupo tienen que salir directrices de «cómo se debe reutilizar y gestionar el uso del agua» por parte de las empresas concesionarias en operaciones de carga y descarga en el almacenamiento de graneles, para evitar los vertidos directos en el medio marino.

La viceconsejera indicó que sabe que algunas compañías que operan en El Musel y utilizan agua para el riego lo hacen «en circuito cerrado», otra sí tiene autorización de vertidos, pero el resto no. Eludió analizar el estudio preliminar encargado por El Musel sobre las manchas de carbón que tiznan la playa, pero para Roqueñí «hay un poco de todo; lo antiguo y lo nuevo y hay que intentar que no llegue más mineral».