El envejecimiento obliga a crear una ciudad con menos coches y «más accesible a los mayores»

Manuel Pineda, coordinador de los trabajos, destacó que se parte de «una tendencia de pérdida de población y de envejecimiento. Eso condicionará la movilidad en la ciudad, que estará muy centrada en las personas mayores». Por eso, remarcó que «hay que hacer una ciudad accesible y cercana». Esto quiere decir que se plantea un incremento del espacio dedicado al peatón, pero en una situación real en la que «hay un elevado uso del coche, pues supone el 46% de los desplazamientos que se realizan». Eso sí, en los trayectos que se registran en los barrios la situación cambia de forma importante, pues el 65% de los desplazamientos son a pie o en bicicleta, mientras que el vehículo privado solo supone el 25%.

Hay zonas, según Pineda, que prácticamente obligan al uso del coche, como son los desplazamientos al entorno de la Milla del Conocimiento, los polígonos industriales y la zona portuaria. Por eso, en su opinión, «el metrotrén es básico para canalizar de forma sostenible estos desplazamientos», pero siempre teniendo en cuenta que aquellos de menos de cinco kilómetros se pueden hacer en bicicleta.

Ganar espacio en la ciudad para el peatón se antoja primordial, ya que actualmente solo cuenta con el 37% del espacio de la calle, mientras que el 65% está dirigido al coche. A este problema hay que añadir las dificultades que suponen barreras como la avenida del Príncipe de Asturias o las vías del ferrocarril, que «dificultan los desplazamientos a pie». De cualquier modo, la geografía gijonesa facilita el tránsito peatonal pues Manuel Pineda explicó que «en media hora se puede llegar desde el centro de Gijón a cualquier punto de la ciudad».

Esta diagnosis de la movilidad indica que la infraestructura ciclista es ligeramente inferior a la de otras ciudades similares, con el añadido de que «los ejes radiales no llegan al centro. También hay pocas estaciones públicas y bicicletas. Es una lástima, porque Gijón es una ciudad ideal para la bicicleta».

Un dato que llama la atención es que el transporte público solo supone el 11% de los desplazamientos, a pesar de que «hay una red muy potente, con unas frecuencias aceptables y cubre todo el territorio», explica Pineda. El problema radica en que «la intermodalidad es incompleta, con estaciones distintas para autobuses y tren, pero existe la oportunidad del metrotrén».

Está claro que el rey es el vehículo particular. El 50% del tráfico discurre por solo el 15% de las calles. A pesar de ello, «el nivel de saturación es relativamente bajo, con solo el 1,5% del viario». Los turismos afrontan el problema de los estacionamientos, pero este estudio reveló que durante las noches hay 4.200 plazas de aparcamiento libres en la ciudad, al tiempo que ninguno de los párkings llega al cien por cien de ocupación. Pineda resaltó que «hay una red de aparcamientos disuasorios, como el de El Molinón, que está muy bien conectada con la red metropolitana. En los estacionamientos fuera de la calzada se puede dar servicio al 80% de los turismos censados, al tiempo que la zona azul está por debajo de la media de plazas por habitante del país».

Otro aspecto es el reparto de mercancías, que supone el 10% de los desplazamientos. Pero si solo se tienen en cuenta los trayectos motorizados, sube hasta el 20%. «Es un tráfico que irá más y que hay que intentar ordenar». Aunque hay una red extensa de zonas de carga y descarga, los expertos reconocen que no se utilizan bien, pues llegan a estar ocupadas por turismos, y que en ocasiones los transportistas utilizan espacios 'alegales'. «Las microplataformas y los centros logísticos se están implantando e irán a más según se restrinja el espacio disponible. Se utilizará sobre todo para paquetería», utilizando vehículos más pequeños.

A partir de esta diagnosis, se elaborará un borrador del plan, que ya presentará diferentes escenarios y que se prevé esté culminado este verano. Tras el proceso de participación ciudadana se redactará una versión inicial del plan, que será sometida a participación pública. Finalmente, tras el análisis de las alegaciones, se redactará y aprobará el plan definitivo. El proceso durará un total de 14 meses.