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Viliulfo Díaz, el perito Severino Canal (de espaldas), José Luis Díaz Rato, Jesús López de Lerma (de espaldas) y Fernando Menéndez Rexach, a las puertas del Tribunal de Cuentas. IÑAKI MARTÍNEZ
El fiscal considera que El Musel pagó 135 millones «sin soporte jurídico»

El fiscal considera que El Musel pagó 135 millones «sin soporte jurídico»

Abonó precios más altos para traer piedra de fuera y «el modificado se aprobó luego para atender una absoluta ilegalidad», dice el Abogado del Estado

RAMÓN MUÑIZ

MADRID.

Sábado, 21 de septiembre 2019, 01:24

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El primer juicio de las obras de ampliación de El Musel quedó ayer visto para sentencia. Se han escuchado a un perito, cinco testigos y a los dos acusados, esto es, el expresidente de la Autoridad PortuariaFernando Menéndez Rexach, y su director José Luis Díaz Rato. Lo que dijeron no sirvió para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado cambien y de nuevo pidieron al Tribunal de Cuentas que condene a los exdirectivos a poner de su bolsillo más de 135 millones.

«Han intentado hacer causa general de las obras del Puerto, pero desde el primer momento son tres los hechos del juicio», centró Rafael García, el abogado del Estado. Su acusación se centra en «la existencia de un acuerdo de precios nuevos, aplicado con efectos inmediatos, que supuso el pago de 132 millones». También en el abono a los constructores de unos estudios que estaban subcontratados dejándoles añadir a la factura un 19% de gastos y beneficio industrial.

Rexach y Díaz Rato sostienen que los problemas empezaron con las obras lanzadas, cuando HC impidió tomar el material pétreo de la cantera de Aboño. «Se dice que fue algo imprevisto, pero si se hubiera hecho una gestión adecuada tenían que saber que HC iba a hacer una planta de desulfuración porque lo anunció en el Boletín Oficial del Estado», afeó el teniente fiscal, Luis Rueda. Esta acusación entiende que las obras se licitaron con un acuerdo de intención de HC para coger de esa cantera la piedra, pero que en realidad aquello «no le obligaba a nada. La adjudicataria se metió en la obra sin garantizarse el suministro de los materiales».

Falló ese yacimiento y luego el Ayuntamiento de Carreño y Tudela Veguín limitaron las opciones más próximas. Las acusaciones dan por bueno que hubo una reunión en el Ministerio de Fomento donde se acordó ir a un modificado: las constructoras tomarían el material en Oviedo y León y se les pagaría más por ello.

Lo que impugnan es que de inmediato «se levantaron actas de precios nuevos en abril de 2006, cuando no se había iniciado el expediente de modificación, lo que supone que empezaran a pagar un sobreprecio que no estaba recogido en el contrato ni cumplía la legislación, que no prevé que la dirección de obra pueda modificar unilateralmente los precios», señaló el abogado del Estado, Rafael García. El contrato no preveía financiar esos fletes y hacerlo sería «sacar fondos públicos sin la normativa para ello».

La aprobación del modificado «y su entrada en vigor no se produjo hasta febrero de 2010 y fue consecuencia de atender la situación de absoluta ilegalidad que se estaba dando», dijo. «Puertos del Estado y Fomento tuvieron consciencia de que se estaban pagando unos precios superiores sin ningún tipo de cobertura legal, y que no había forma de cubrir esa situación de ilegalidad», apuntó. En noviembre de 2007, el inspector del ministerio ya avisó; puso en un informe «que había que parar las obras para tramitar el modificado».

Se pagó «sin soporte jurídico», coincidió el fiscal, quien se atuvo a la letra del contrato: «No había que aumentar los precios, el contratista tenía que hacer la obra a su riesgo y ventura». Que años después se aprobase el modificado recogiendo aquellos precios resultaría irrelevante, según su criterio. «No se puede decir que el modificado lo ha purificado y santificado todo como si fuera agua bendita, no es así», concluyó.

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