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Agustín Azparren, a las puertas del juzgado. IÑAKI MARTÍNEZ
Juicio del 'caso Musel' | «No había alternativa. Hubiera supuesto arrojar 22 millones al mar», opone Azparren

Juicio del 'caso Musel' | «No había alternativa. Hubiera supuesto arrojar 22 millones al mar», opone Azparren

Las defensas aseguran que «en 12 años no ha habido una prueba y sí mucho sufrimiento»

Ramón Muñiz

Gijón

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Viernes, 20 de septiembre 2019, 15:37

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Concluido. El primer juicio que se celebra sobre las obras de ampliación de El Musel ha quedado visto para sentencia. Las vistas las abrieron ayer Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, los dos máximos responsables de la Autoridad Portuaria en el momento de los trabajos, y a los que se pide condenar al pago de 135 millones. Sus abogados, Agustín Azparren y Viliuflo Díaz respectivamente, terminaron hoy la sesión levantando un encendido alegato final.

«En estos 12 años no ha habido una sola prueba en su contra, solo indicios que van desapareciendo y sí mucho sufrimiento», apuntó el primero. «Si todos los asesores jurídicos y económicos les decían que aquello era correcto, ¿cómo iban a saber que podía no serlo?», agregó el segundo.

El juicio en el Tribunal de Cuentas se centra en el sobrecoste producido al no poder extraer el material pétreo de las canteras inicialmente previstas y más próximas. Los acusados sostienen que dado que el constructor tuvo que buscar el suministro incluso en el norte de León, estaban obligados a pagarle ese encarecimiento del porte, y de forma ágil, sin esperar a la tramitación del proyecto modificado porque de lo contrario se paraba la obra y el mar se comía lo avanzado. Fiscal y Abogado del Estado oponen que bajo ese razonamiento Rexach y Díaz Rato empezaron a liquidar al constructor unos precios carentes de amparo legal.

«Hay que usar el sentido común», reclamó Azparren. El abogado aseguró que de haber seguido aplicando el contrato inicial, esto es, sin retribuir a los adjudicatarios por el transporte de la materia prima, «los constructores no habrían terminado la obra». Bajo ese supuesto su cliente «sí que estaría otra vez aquí, acusado de una mayor daño contable. Le preguntarían que si la UE permitía hacer una modificación del proyecto por qué no la hizo. Le dirían que parar las obras supuso que el mar destruyera lo avanzado, que valía 22 millones. Hubiera supuesto arrojar 22 millones al mar, se habrían perdido Fondos de Cohesión y Gijón no tendría ampliación», estableció. En suma, «no había alternativa», remarcó.

Viliulfo Díaz recordó que el principal auditor de obras marítimas del mundo concluyó que al final, la Autoridad Portuaria pagó por la ampliación 92 millones menos de lo que en realidad vale la infraestructura recibida. «No hay daño al erario, no hay dolo», destacó. «Todas las actuaciones fueron informadas favorablemente por la Abogacía del Estado y Puertos del Estado, que jerárquicamente eran sus superiores», anotó.

«No tenía prácticamente margen de decisión pues la cosa les llegó impuesta desde arriba, en la reunión que en marzo de 2006 tuvieron en el ministerio con el secretario de Transportes y el presidente de Puertos del Estado», alegó. El letrado recordó que en la fase de investigación del Tribunal de Cuentas, la instructora había concluido que no hubo daño al erario y que «en su caso» las dudas sobre la tramitación del modificado correspondían al orden contencioso-administrativo. Díaz aseguró que su cliente «no gasta una peseta y era un ogro para las empresas».

Así terminó el juicio seguido por el Tribunal de Cuentas. Ahora la magistrada Mariscal de Gante, en su calidad de consejera del organismo, deberá dictar la sentencia de primera instancia en un plazo que las fuentes judiciales consultadas estiman no inferior al mes y medio. Contra su decisión cabrá recurso de apelación ante la Sala de Justicia del propio tribunal, lo que obligaría a intervenir al resto de consejeros del mismo. Los fallos de esta sala son todavía susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo.

Queda camino procesal, pero con este juicio el Tribunal de Cuentas le toma la delantera a la Audiencia Nacional, que desde finales de 2014 instruye otras dos causas por las obras de ampliación sin haber llegado a la fase judicial. En la Audiencia se dilucida si se cometieron delitos en El Musel, mientras que el Tribunal de Cuentas se centra en si los altos cargos fueron negligentes y eso causó un perjuicio al erario que deban resarcir con su patrimonio.

Una de las peculiaridades de esta jurisdicción es que antes de iniciarse el juicio los sospechosos suelen ver embargados sus bienes para responder de la posible condena. En contra de lo indicado inicialmente desde el Tribunal de Cuentas, en este caso no ha ocurrido así. El motivo es que la inspectora que investigó el caso durante la primera fase no vio perjuicio al erario, por lo que descartó activar esa prevención. El pleito se habría archivado entonces pero dado que el Fiscal y el Abogado del Estado sí presentaron demanda, hubo de llegarse al juicio, eso sí, sin que las acusaciones formularan petición de embargo alguna.

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