Gijón retrasa el pago de 21,6 millones de su deuda tras el nuevo decreto estatal sobre el uso del superávit municipal

Tras la recuperación después de la pandemia de las normas de estabilidad presupuestaria, la ley vuelve a obligar a los ayuntamientos a dedicar su superávit presupuestario –que en el caso de Gijón alcanzó el año pasado los mencionados 21,6 millones de euros– a la reducción de su deuda, salvo que el Gobierno central autorice expresamente otra posibilidad. Y como esa autorización no acababa de llegar, a lo largo de los últimos meses el Consistorio dio los pasos necesarios para cumplir con esa obligación. Eso incluyó el traspaso a las arcas municipales de casi nueve millones de euros procedentes de las empresas municipales y los organismos autónomos, dado que el remanente municipal no alcanzaba para cubrir la cuantía requerida.

Toda la tramitación estaba ya completada, a falta tan solo del pago al banco de esos 21,6 millones. Pero el martes el Consejo de Ministros acordó que los ayuntamientos puedan dedicar su superávit de 2024 a «inversiones financieramente sostenibles», entre las que incluyó las vinculadas a servicios como el alcantarillado, el abastecimiento de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público, las infraestructuras de transporte, los centros docentes, la asistencia social o la vivienda. «Queremos estudiarlo bien», señalan desde el Ayuntamiento sobre el nuevo escenario que se abre, tras confirmar ayer en la comisión de Hacienda que mientras se analiza el decreto se pospondrá el abono de esos 21,6 millones al banco.

Coincidiendo con este cambio normativo, Podemos registró ayer una moción de urgencia para el Pleno del próximo miércoles en la que pide desistir de manera definitiva de esa amortización y dedicar el dinero a inversiones financieramente sostenibles, dedicando «una parte importante» a la ampliación del parque público de vivienda. Se suma a otra iniciativa de la formación morada en la que insta a revisar las bases de las ayudas al alquiler, «dado el desfase» entre la renta máxima que se permite pagar con ellas (550 euros) y «la realidad del mercado inmobilario».