El fiscal reclama 135 millones a Rexach y Díaz Rato por las obras de El Musel

Luis Rueda García, teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, formuló el 17 de mayo una demanda solicitando que José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, exdirector y expresidente de El Musel durante las obras de ampliación, indemnicen al puerto con 135,3 millones. El motivo es que les atribuye «un comportamiento gravemente negligente» en la gestión de aquellos trabajos.

El Ministerio Público se suma así a la vía abierta por la Abogacía del Estado quien, por orden de Puertos del Estado, cursó el 2 de abril una demanda similar que elevaba a 137,2 millones el perjuicio a restituir. El Tribunal de Cuentas concede ahora veinte días a los señalados para que respondan a las acusaciones con la asistencia de sus letrados, Viliulfo Díaz y Agustín Azparren respectivamente. Luego previsiblemente fijará la fecha del juicio contable en el que los demandados se jugarán su patrimonio personal.

El objeto de la polémica sigue siendo el mismo que suscitó un informe de la Oficina antifraude de la UE (Olaf), y una investigación en la Audiencia Nacional. El fiscal del Tribunal de Cuentas recuerda que en 2005 los directivos de El Musel firmaron el contrato para ampliar el puerto con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres. Entre las cláusulas del documento estaba la obligación de cumplir con el pliego administrativo y el proyecto de construcción que rigieron la licitación. De la lectura de los mismos, el Ministerio Público destaca que el adjudicatario asumía «la responsabilidad en la elección de las canteras» de las que extraer el material de relleno.

En ese momento, la UTE confiaba en obtener desde el primer día el recurso de las cercanas canteras de Aboño, suministro que tardaría años en amarrar. Para no retrasar las obras, las constructoras recurrieron a canteras situadas a más de cien kilómetros del puerto, lo que encarecía los costes. El fiscal admite que El Musel aceptó pagar más «para aprovechar la campaña estival, minimizar el retraso por la falta de material» y entendiendo que era una situación transitoria.

Pese ello, el modificado lo validó «sin instrumentar el expediente de modificación del contrato», recrimina la demanda. «La Autoridad Portuaria no realizó en las condiciones requeridas un control riguroso de los camiones» que traían el material, agrega. En síntesis, señala a Díaz Rato y Rexach porque «el correcto ejercicio de sus funciones, así como el debido cuidado en la gestión de los ingentes recursos públicos cuya gestión tenían encomedada hubiera debido evitar que fueran realizados gastos carentes de justificación». «De acuerdo al contrato firmado, no resultaba procedente asumir ningún cambio en el precio de los materiales», concluye.

El pleito en el Tribunal de Cuentas avanza así, mientras la Audiencia Nacional ya cerró su investigación y lleva cinco meses a la espera del escrito del fiscal para poder organizar la fase de juicio oral.