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EUGENIA GARCÍA
GIJÓN.
Lunes, 7 de septiembre 2020, 00:49
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«Llevo 21 años con esto, desde el día siguiente a la muerte de mi hijo. Tengo tantas ilusiones de recuperar su honor como desilusiones me he llevado». El juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de las Palmas de Gran Canaria dictó a finales de junio la reapertura de las diligencias previas en el caso de la muerte del gijonés Pedro José Corujo Uría, cabo de la Policía Naval de Infantería de Marina. El 1 de septiembre de 1999, apareció con un tiro en la cabeza en los servicios de la tropa de la Comandancia de Marina de Las Palmas de Gran Canaria. El caso fue sobreseído al mes, al concluir la investigación que se trató de un suicidio. El padre del fallecido, José Pedro Corujo Jamart, sostuvo desde el primer momento, y lo sigue haciendo a sus 80 años recién cumplidos, que su hijo no se suicidó.
«El día 1 de septiembre de 1999, mi hijo fue asesinado», reitera con la misma convicción que lleva haciéndolo dos décadas. 21 años en los que este analista químico de laboratorio jubilado, que entró a los 16 a trabajar en la fábrica de Moreda y a quien la muerte de su hijo obligó a convertirse en «un ratón de biblioteca, a estudiar cosas que no había estudiado en la vida», a hacerse experto en criminología y medicina, no ha cejado en su empeño de demostrarar que un «zurdo cerrado», como era Pedro José, no pudo haberse suicidado disparándose en el lado derecho de la cabeza. Las diligencias se han abierto y cerrado en varias ocasiones «al no resultar autor conocido o no estar debidamente acreditada la perpetración de los hechos que dieron lugar a su incoación». Sin embargo, ante la insistencia del padre, que denuncia «una trama de asesinato vinculada a la desaparición de una gran cantidad de cocaína que se custodiaba en el Arsenal de Las Palmas y que implicaría a varios mandos militares, desde un cabo a un teniente coronel», el juez Francisco Javier García García-Sotoca envió el pasado 30 de junio una providencia por la que instaba al grupo de homicidios de la brigada de la policía judicial de Las Palmas de Gran Canaria a investigar si las pruebas referidas por Corujo «puedan servir para el esclarecimiento de los hechos».
«Abren el caso, pero la policía no lo investiga. Así que tengo esperanzas, pero también una impotencia absoluta», reflexiona el hombre, que hace unos años sufrió un ictus y compensa su reciente pérdida de memoria con los miles de folios que guarda en seis tomos de un archivo azul, varias cajas y un ordenador. Acaba de denunciar por presunta prevariación al juzgado que «por tres veces» envió esta providencia de diligencias previas. E insiste en que se realicen unas que en su momento no se hicieron, como una infografía en 3D que demostraría que el cuerpo no pudo quedar en la posición en que se halló; efectuar la prueba de luminol para detectar rastros de sangre o recabar la identidad de posibles testigos. Sus otros ocho hijos le dicen «que se tranquilice», pero Corujo no quiere morir sin haber esclarecido los hechos. «Hasta que no recupere el honor de mi hijo, estar cabreado e indignado me da vida».
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