Cómo serán las medidas del Ayuntamiento para conseguir que los gijoneses reciclen

Por un lado, recordaron que por cada tonelada de residuos mezclados que acaban en el vertedero de Cogersa Gijón tiene que pagar 96 euros, una cantidad que Emulsa debe repercutir luego en las tasas que cobra a la ciudadanía. «Estamos enterrando millones de euros en el vertedero», remarcó De Lucas, quien destacó que por los residuos orgánicos, de envases, vidrio, papel o textiles no hay que pagar nada a Cogersa. «Ahora los gijoneses separan un 35% de los residuos. Si estuviésemos en un 50%, 60% o 70%, todos pagaríamos menos», añadió. Rodrigo Pintueles puso como ejemplo el caso de los residuos orgánicos, con 30.000 toneladas que acaban cada año mezcladas con el resto de basura y cuya recogida separada podría ahorrar dos millones de euros a la empresa municipal.

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Pero por otro lado está la necesidad de cumplir con los objetivos que marcan tanto la Unión Europea como la ley de residuos de 2022, pues lo contrario podría conllevar multas al Ayuntamiento. En lo que respecta a la normativa comunitaria, ya se incumplió el límite que se había fijado para 2020 de reciclar o reutilizar un 50% de los residuos, por lo que Europa ha advertido a España de la necesidad de atenerse a esos porcentajes si no quiere tener que pagar unas sanciones que, como en su día ocurrió con la depuración de aguas, el Estado repercutiría en las entidades locales. Los siguientes retos que hay marcados son el 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035, unos límites para los que se tiene en cuenta los materiales que se puedan recuperar una vez lleguen al vertedero, como puede ocurrir con la 'plantona' que Cogersa va a poner en marcha para el tratamiento de la basura bruta y que está pendiente de reparación tras el incendio que sufrió en abril. Aparte, la propia legislación nacional señala que en 2035 la mitad de los residuos urbanos deberán separarse ya en origen, lo que «obliga directamente al ciudadano a hacer ese trabajo».

Para acercarse a esos porcentajes, el borrador del plan de residuos plantea dos fases de trabajo. En la primera, en 2025 y 2026, se apostará por aumentar la información y la concienciación ciudadana, así como por «facilitarle lo máximo posible al ciudadano la correcta separación de los residuos», aumentando el número de contenedores de recogida separada (en especial los de restos orgánicos, textiles, aceite…), potenciando la recogida puerta a puerta de restos orgánicos en la hostelería, creando pequeños puntos limpios en los barrios o incluso con «cajas de reutilización» donde los ciudadanos puedan dejar pequeños objetos que puedan ser recogidos después por otras personas interesadas en ellos.

En esta primera fase también se «incentivará» económicamente a quienes cumplan con la obligación de separar sus residuos, modificando la ordenanza fiscal que regula la tasa de basuras para incluir en ella reducciones fiscales vinculadas al uso de los contenedores de recogida orgánica, los puntos limpios y las compostadoras. Desde Emulsa admiten que se trata de una cuestión técnicamente compleja, que inicialmente podría articularse con la Tarjeta Ciudadana, un instrumento que ya se utiliza para controlar el acceso a los contenedores de recogida orgánica (los de la tapa marrón) y cuya titularidad se podría asociar, además de a una determinada persona, a un domicilio concreto. No obstante, tampoco se descarta la opción de diseñar una tarjeta de uso específico para tirar la basura.

Si en 2027 la concienciación y las bonificaciones no dan el resultado previsto, se pasaría a la fase B, «a la que ninguno queremos llegar». En ella, se optaría por cambiar el actual sistema de recogida por uno «más complejo, difícil y costoso de pago por generación», en el que previsiblemente se apostaría, tras haber realizado ya una experiencia piloto, por un modelo único y normalizado de bolsas de basura, de uso obligatorio, que se obtendría en máquinas expendedoras y para las que se fijaría un precio determinado, de modo que quien utilice más bolsas tenga que pagar más. Además se aplicarían medidas que dificulten el uso de los contenedores de fracción resto (los de residuos generales), como la instalación de cerraduras electrónicas de acceso, y se reforzaría el control sobre el cumplimiento de la obligación de separar los residuos, con «patrullas» cuya labor podría ser ejercida, por ejemplo, por la unidad ambiental de la Policía Local.

«En Gijón ya tenemos medios suficientes para poder cumplir los objetivos de separación y reducción de residuos a los que estamos obligados y que también deben cumplir todos los ciudadanos, hosteleros y empresarios. Tener que poner en marcha esa fase B no sería agradable ni técnica, ni económica, ni políticamente», destacó Rodrigo Pintueles, quien cifró en 20 millones de euros el presupuesto para el desarrollo del Plan de Residuos hasta 2030. 10 millones sería el coste de tener que cambiar por completo todo el sistema de recogida para aplicar el mencionado pago por generación.