Moriyón acusa al PSOE de Gijón de «engañar» con la humanización de la avenida Príncipe de Asturias

El debate se caldeó en la sesión del Pleno de esta mañana con tres temas. El del traslado del albergue, el de la pretendida (y rechazada) auditoría de los contratos municipales y el de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada. Los dos primeros los planteó Vox. El tercero, el PSOE, que se llevó un revolcón del resto de grupos municipales. Todos votaron en contra de su propuesta de modificar el proyecto aprobado en diciembre de 2024 para incluir en la ZBE la avenida del Príncipe de Asturias como medida para restringir la circulación de vehículos pesados por esta arteria.

Aunque la respuesta del equipo de gobierno al edil socialista Tino Vaquero correspondió al concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia (Foro), la alcaldesa, Carmen Moriyón, tomó la palabra para aclarar varios puntos. Primero, para recordar que en 2024, en una reunión en el Ministerio de Transportes en la que ella estaba presente, el secretario de Estado, José Antonio Santano, «le dijo a Calvo (consejero de Movilidad del Principado) que no se empecinara en la humanización de Príncipe de Asturias», que los puertos «tienen que tener garantizado el acceso» y que, mientras los de El Musel no se aseguraran «como es debido», no se iba a cambiar la titularidad de Príncipe de Asturias «ni a consentir ninguna restricción». También reveló la alcaldesa que recientemente remitió una carta al ministro Óscar Puente, para que, entre otras cuestiones, explique «si ha cambiado de opinión y cree que se puede humanizar» Príncipe de Asturias. De momento, «sin respuesta».

Moriyón acusó al PSOE de «engañar una vez más a los vecinos» con la humanización de Príncipe de Asturias. Y, en la misma línea, Pelayo Barcia, reprochó que traten de «distraer» del «problema real», que es «sacar los camiones de La Calzada» por una vía alternativa. «Lo que hay que hacer es hablar con el único responsable, el Ministerio de Transportes. Vayan a pedirle que haya una alternativa», les conminó.

Coincidieron el portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana («la avenida Príncipe de Asturias es de titularidad estatal»), la de Podemos, Olaya Suárez («fue un Gobierno estatal del PSOE el que estafó a los ciudadanos con el vial de Jove») y la de Vox Sara Álvarez Rouco, que tildó de «broma de mal gusto» la propuesta socialista.

Una de las propuestas que sí salió adelante (por mayoría) fue la de instalar a la Consejería de Educación a que habilite aulas de 0 a 3 años en el colegio público Los Campos, que planteó IU. También la de simplificar y agilizar la tramitación de subvenciones nominales, presentada por Podemos. Fracasó Vox en su intento de llevar a cabo una auditoría para revelar presuntas irregularidades en contratos municipales –planteada a raíz de las declaraciones de la exMiss Asturias para mayores de 30 años Claudia Montes en el Senado), pero su propuesta dio lugar a un intenso debate sobre corrupción en el que no faltaron los descalificativos.

La sesión ordinaria del Pleno también escenificó el rechazo de Foro, PP y Vox a la propuesta del grupo municipal socialista para crear un plan municipal específico de actuación para los incendios forestales, así como para proceder a la actualización o a la suscripción de un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Servicio de Emergencias del Principado. La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias de Gijón, Nuria Bravo, aseguró en su intervención que los incendios en el monte Areo del pasado octubre (suceso que motivó la propuesta del PSOE) responden a un «patrón que se repite cada año», por estas fechas, y son fuegos provocados por la acción humana: «No hay ni más incendios, ni incendios peores», rebatió.

Instantes antes, la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez Ordieres, había lamentado que episodios como el incendio del monte Areo «tienden a presentarse con una frecuencia mayor» y con mayor «virulencia», razón por la que consideraba necesario dotar al municipio de una «mejor y mayor protección» frente a incendios.

El Pleno (con el único voto en contra de Vox) dio su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la aprobación de una Ley contra el Maltrato a las Personas Mayores, promovida por la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad. El texto destaca la «inestimable aportación a la sociedad» de las personas mayores y considera necesaria una «legislación específica y eficaz» que los proteja.

El Pleno se cerró con la intervención de Josefina Fernández, en representación de la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio, para denunciar «la carencia de un sistema de cuidados eficiente» y rechazar su privatización. «La ayuda a domicilio es un derecho. No puede estar a merced del beneficio empresarial», defendió.

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