El Musel denuncia a la fiscalía irregularidades en el caso de la desaparición del carbón

Desde que Nieves Roqueñí accedió a la presidencia de la Autoridad Portuaria viene dando prioridad a poner luz en lo sucedido. Para ello encomendó al gerente de la EBHI, Gonzalo Mallo, que abriera una investigación interna para aclarar quién hizo qué y cómo se gestionó el asunto en la etapa anterior, cuando el puerto tenía por presidente a Laureano Lourido.

El trabajo ha aflorado presuntas irregularidades y una supuesta gestión negligente. A resultas de ello hay ya primeras decisiones en firme.

Según pudo confirmar este periódico en medios judiciales, desde el puerto se acaba de remitir ya a la Fiscalía de Asturias un informe detallando supuestos indicios delictivos. Se actúa así en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que en su artículo 262 fija que «los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante». No acatar este principio expone al sujeto a la correspondiente multa disciplinaria.

La documentación está ya en manos de la fiscalía, quien tiene por delante valorar si incoa diligencias de investigación propias o deriva el asunto al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, donde ha recaído el intento de Telf por mantener abierta la investigación penal de este caso. En fuentes laborales de la EBHI se adelanta que en la reunión del viernes se propondrá el despido de al menos dos de los directivos portuarios en el momento de los hechos. Se trata de José Manuel del Arco, que fue gerente de la EBHI y director de la Autoridad Portuaria. También se propondrá la salida de Lucía Herrero, quien fuera directora gerente de la terminal. Tras su cese como directivos ambos permanecían vinculados laboralmente al puerto en otros puestos.

Cuando la instrucción penal era seguida en un juzgado de Pozuelo ambos estuvieron implicados en calidad de investigados, junto a Amalio Álvarez, que fue director de operaciones de la terminal. Se da la circunstancia de que, durante la presidencia de Lourido, la gestión que hizo la Autoridad Portuaria de este asunto consistió en obstruir el acceso de Telf a la terminal para aclarar si estaba o no el material, y asumir la defensa jurídica de los investigados. El único informe interno sobre lo ocurrido lo firmaba el propio Del Arco como director general, la misma mañana en la que se procedía a su cese, utilizando un membrete obsoleto y sin especificar quién le encargaba el trabajo.

Aquel documento coincidía con su línea de defensa judicial y sostenía que la EBHI y la Autoridad Portuaria fueron engañadas. Que el carbón que llegó a bordo del Berge Triglaav fue descargado en la terminal. NMR lo iba a comprar pero no pagó el precio acordado; pese a ello habría dado instrucciones a Marprim para que ya en 2020 lo fuera poniendo en distintos barcos. La versión contrasta con el hecho de que EBHI certificó al menos hasta 2022 que el carbón seguía en sus instalaciones.