La oposición obliga al Ayuntamiento a mostrar su rechazo a la ITV en Granda

La propuesta también incluye que el Ayuntamiento inste al Principado a que la instalación de la ITV se rija por criterios técnicos, medioambientales, de tráfico y similares, y a que se realice un listado con otras posibles ubicaciones en polígonos industriales con mejores requisitos de sostenibilidad y accesibilidad. La iniciativa fue defendida por la edil de Ciudadanos Mara Simal, quien calificó de «despropósito» el proyecto. Además, consideró «inadmisible y sospechoso» el silencio de la empresa mixta ITVASA sobre los motivos por los que se compraron esos terrenos en Granda y no en un polígono.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, llamó la atención sobre el hecho de que la adquisición de la finca «se hizo por la puerta de atrás, sin que nadie se enterase», cuando en su opinión, dada la necesidad de una estación de estas características en Gijón, «lo normal es que lo hubieran anunciado». Por eso, teme que la operación realizada sea «el típico cambalache del PSOE de Gijón que nadie lo sabe y cuando te das cuenta ya están las máquinas trabajando».

Laura Tuero, portavoz de Podemos, también criticó la instalación de una ITV en Granda y achacó al gobierno local su postura, pues «es difícil no ponerse del lado de los vecinos». También advirtió de que durante la sesión plenaria se trataran varios asuntos sobre «un modelo de ciudad y no importa instalar una estación de ITV en la zona rural».

Aurelio Martín intervino como concejal de IU y no como responsable de Movilidad, pero trató de arrojar luz sobre este asunto al indicar que se han solicitado datos sobre el tráfico previsto en la zona por los responsables de ITVASA. Además, anunció: «Vamos a poner aforadores en todos los accesos porque queremos saber los niveles de tráfico que hay ahora y calcular los impactos». Se conocerá así el número de vehículos que circulan por la zona, los horarios y las velocidades.

Martín reconoció públicamente su recelo -«no me parece el sitio más idóneo»-, pero apuntó que «la clave es si en esa finca se puede dar una instalación» como la prevista y apuntó que lo permite el plan urbanístico.

La defensa del equipo de gobierno corrió por cuenta de José Luis Fernández, concejal de Desarrollo Urbanístico, quien indicó que los técnicos analizarán la solicitud «bajo la más estricta legalidad», al tiempo que pedirán al Principado los estudios que consideren pertinentes. Fernández echó en cara de varias formaciones políticas que se aprobara el PGO manteniendo para la parcela el uso industrial y no el agroforestal, como había solicitado su propietaria, la Cooperativa de Agricultores de Gijón.