El PP pone en marcha el proceso que le permitirá apartar a Marín de la presidencia

El escrito de denuncia, al que ha tenido acceso este diario, hace referencia tanto a una «vulneración de los derechos como afiliados» de los cuarenta firmantes de la misma como a las «infracciones estatutarias» en las que consideran que ha incurrido Marín a lo largo del último año y medio. E inicia la relación de hechos destacando que la junta directiva local no se convocó «desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2020», pese a que los estatutos obligan a reunirla al menos una vez al mes. «Solo empezó a hacerlo cuando fue requerido por la Presidencia regional», tras la llegada de Teresa Mallada.

La ausencia de reuniones impidió según los denunciantes que la junta local ejerciera «sus competencias estatutarias», entre ellas «ordenar y controlar» todas las actividades del partido en Gijón y «definir la estrategia general del grupo municipal y sus pronunciamientos políticos y programáticos». Y el órgano ni siquiera pudo ratificar los nombramientos de representantes del PP en las empresas municipales. Pero más allá de impedir a la junta cumplir con sus funciones, al no hacer estas convocatorias «Mariano Marín dejó al PP 'mudo' ante todos los hechos con relevancia política que se produjeron en Gijón durante más de un año» y «abandonó a su buen hacer y entender al grupo municipal, obligando a sus miembros a tomar decisiones políticas y administrativas sin el apoyo preceptivo del partido». En línea con esto último, señalan que tampoco se realizaron las reuniones trimestrales entre el presidente y el grupo municipal.

Lo mismo ocurrió con el comité de dirección, que debería mantener encuentros semanales pero no se convocó ni una sola vez entre julio de 2019 y noviembre de 2020. Cuando al fin se reunión «después de 15 meses de inactividad» se instó en él a Marín «a mantener una actividad regular del partido», que desde entonces solo se ha cumplido en lo que respecta a las reuniones de propio comité, pero no a otros compromisos como reunir la junta local antes de cada Pleno y poner en marcha las comisiones de estudio. La comisión paritaria, creada en junio de 2019 específicamente para fijar el voto del PP en los plenos, tampoco se ha reunido en ninguna ocasión, pese a que ya se han celebrado 26 en lo que va de mandato.

El escrito señala además que «esta dejación de funciones» tampoco ha venido acompañada de «apariciones públicas ni comunicados internos a la militancia por parte del presidente» y remarca que su presencia en medios de comunicación «ha sido muy escasa y la mayoría de las veces en detrimento del PP».

Recoge además las críticas de Marín al nombramiento de López-Asenjo como candidato a la Alcaldía, «que ya no solo eran ofensivas hacia él, sino totalmente perjudiciales para el partido, inmerso en plena precampaña». Añade que «cuestiono que el nombramiento fuera estatutario y con ello la democracia interna del PP» y que además «obstaculizó cualquier actividad del candidato y de su equipo de campaña, no facilitándole ni medios materiales, ni las dependencias de la sede local, cambiando súbitamente la llave de acceso a la misma».

El cierre permanente de la sede desde octubre de 2019, la negativa en la última junta local a someter a votación un documento respaldado por dos tercios de sus miembros y una propuesta unilateral de comisiones de estudio que no había sido pactada con la vicesecretaria de Programas completan el listado de agravios ante los que se pide amparo.