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La diputada y portavoz de Sanidad del PP en la Junta General Pilar Fernández Pardo ha acusado a la Consejería de Salud de ... tener «una responsabilidad directa en el fiasco» de la ampliación del Hospital de Cabueñes, cuyas obras están paralizadas desde finales de enero. También, de no haber sido «diligente» en el control de los trabajos que fueron encargados a la UTE compuesta por FCC y Los Álamos, y de haber tardado meses en adoptar decisiones. Entre ellas, la más importante, la de firmar el expediente de resolución del contrato. El jefe del servicio de Obras de la consejería lo propuso el 24 de junio de 2024, pero esa firma «no llega hasta el 24 de enero de 2025. Desde luego, rapidez no hubo», criticó la diputada popular. Como tampoco considera que la hubo a la hora de imponer a la UTE una primera penalidad de 2,6 millones de euros. Los técnicos lo plantearon en febrero de 2024. El expediente se firmó el 27 de diciembre de ese año.
Pilar Fernández Pardo compareció esta mañana ante los medios de comunicación tras haber examinado los cerca de 1.500 folios que componen el expediente de las obras de ampliación del Hospital Universitario Cabueñes, que le fueron remitidos el pasado 28 de febrero, un día después de la Comisión de Salud en la que la consejera, Concepción Saavedra, compareció a petición propia para hablar del tema y también de que la Sindicatura de Cuentas emitiera su informe anual.
Un informe en el que, tal y como ha recordado la diputada del PP, el órgano de fiscalización señala «irregularidades» y «deficiencias graves» en el desarrollo de los trabajos para la ampliación del hospital gijonés sin que, a su juicio, desde la Administración regional se actuara de forma diligente. «Hubo dejación de funciones», ha insistido, al tiempo que, en este asunto, achaca una «culpa in vigilando» a la administración autonómica.
Y puso un ejemplo: «Desde junio de 2024, la consejería conocía que se incumplían los límites de esfuerzo permitidos a los trabajadores de la obra y no hizo nada a pesar de estar obligada por la ley de Prevención de Riesgos Laborales».
Remarcó también que Cabueñes, como infraestructura sanitaria, ya estaba obsoleta en 2013, cuando se planteó el proyecto de ampliación y reforma del hospital y que ahora, doce años después, es «un esqueleto arquitectónico» que ha supuesto «pérdidas millonarias» de dinero público y cuya resolución judicial «puede alargarse en el tiempo, con graves consecuencias económicas».
Como «gijonesa y usuaria» de Cabueñes, Fernández Pardo deseó que las obras puedan reanudarse «cuanto antes», pero «la realidad es tozuda y nos dice que no va a ser así». En este sentido también puso en duda la solvencia de la empresa pública Tragsatec para asumir el nuevo proyecto para la ampliación del hospital: «No tiene experiencia en infraestructuras sanitarias ni para una obra de esta envergadura», afirmó al tiempo que recordó otros proyectos, como el de la Casa de la Música de Candás que «han corrido muy mala suerte».
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