Preco mantiene el proyecto de El Musel hasta conocer el dictamen ambiental

Otra cosa es lo que ocurra una vez cumplido este trámite, ya que, vistas cómo están las cosas, no es nada descartable que todo termine en los tribunales. Si se concede la autorización ambiental integrada, recurrirán las organizaciones ecologistas, las asociaciones vecinales y no es descartable que lo haga el propio Ayuntamiento de Gijón. Si la decisión es contraria a los intereses de Preco, lo más lógico es que la empresa los defendiera en los tribunales.

Sea como fuere, a pesar de que todo lo relativo con este proyecto ha desaparecido del apartado de 'Red ambiental de Asturias' del portal web del Principado, donde se alojan los trámites de participación ambiental, lo cierto es que la tramitación de esta planta de pirólisis todavía está abierta. Incluso, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón habían asumido, tras la postura del Principado, que la planta no se iba a instalar. Es más, el Consistorio así lo defenderá si todavía queda algún resquicio legal que permita su construcción en El Musel.

Lo mismo plantean las entidades conservacionistas, que se oponen a esta instalación con alegaciones presentadas a la tramitación ambiental. Las basan en la falta de alternativas de ubicación realistas, en que se trata de una actividad considerada peligrosa que se llevaría a cabo cerca de viviendas e instalaciones educativas y deportivas, y que el reciclaje químico puede afectar la salud de miles de personas, entre otras cosas.

El rechazo ciudadano es prácticamente unánime, pero otra cosa es lo que diga la legalidad en el proceso. En una de sus última comparecencias en la Junta General del Principado, la consejera Nieves Roqueñí defendió la tramitación que está realizando el Principado y la calificó como «un proceso garantista». El caso es que participan en él diez departamentos de la Administración regional, dos estatales, siete ayuntamientos y dieciséis organizaciones ecologistas.

La sucesión de los hechos, hasta el momento, ha sido más que llamativa, pues Preco llegó a Asturias en febrero de 2021 de la mano del Principado, a través del Idepa. La empresa presentó la documentación para la planta en julio de 2022 y al noviembre siguiente el Principado le pidió que la ampliara. Entre tanto, comenzaron las movilizaciones vecinales contra el proyecto, pero también ese mes de noviembre el Ayuntamiento de Gijón emitió un informe urbanístico favorable para la planta de pirólisis. Incluso la entonces alcaldesa defendió el proyecto en marzo pasado indicando que se trataba de una «fábrica limpia». Pero todo cambió con la llegada de Carmen Moriyón tras los comicios de mayo, contraria a esta inversión, al tiempo que se produjo un cambio de postura en las filas socialistas, que también se opusieron. Ahora, la unanimidad en el Consistorio es total.

Los vecinos llegaron a presentar en Oviedo, en octubre pasado, un total de 15.000 firmas reclamando que esta planta no se instalase en terrenos de la ampliación de El Musel. Pero fue a principios de noviembre cuando la institución que había traído el proyecto a la región, el Ejecutivo asturiano, cambió de opinión, alegando que no podía cumplir con el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias en lo referente a los criterios de ubicación del emplazamiento de las instalaciones de valorización en la región. Eso hizo que el propio presidente asturiano, Adrián Barbón, diese por liquidado el proyecto, indicando que, «de acuerdo a la legalidad vigente, no hay posibilidad. Nosotros nos atenemos a la ley, somos un Gobierno que cumple la ley y, por lo tanto, esa cuestión está clara».

Pero, tal y como publicó entonces EL COMERCIO, el Anexo II de dicho plan especifica que ese tipo de instalaciones se han de ubicar en polígonos o áreas industriales y en «suelos ubicados en terrenos portuarios, pertenecientes a alguno de los puertos de interés general del Estado, que permitan tener en su caso un acceso fácil a las redes marítimas de transporte a los productos químicos fabricados en la planta», que sería el caso de El Musel. Ante las dudas presentadas, el Principado tuvo que consultar con otras administración la incompatibilidad de la planta en Gijón. A pesar de todo, Preco ha planteado al Gobierno regional buscar otra ubicación para la planta de tratamiento de plásticos.

Pero habrá que esperar hasta el 30 de abril hasta saber definitivamente si se le otorga la autorización ambiental integrada.