El Principado cree que licitar el proyecto de estación supone «haber adelantado años»

Su intervención respondía a una pregunta del diputado Daniel Ripa, de Podemos, quien calificó de «burla a la ciudadanía» los plazos que se manejan para el plan de vías. «Probablemente no veamos puesta ninguna piedra antes de 2030», señaló Ripa, quien acusó a las administraciones socialistas de haber basado la ruptura del acuerdo de 2019 en «tres grandes mentiras: que había una disputa sobre la ubicación, que se iban a ahorrar costes y que con el nuevo proyecto iban a ir a toda máquina». En lo que respecta a la parte económica vaticinó que el conjunto de la actuación podría situarse «por encima de los 900 millones de euros». Señaló que «va a ser más caro que el proyecto que había en 2019 por el incremento de los costes de los materiales» y lamentó que «usaran como excusa que se ahorrarían 67 millones al no tener que mover los colectores y ahora vemos que habrá que desviarlos igualmente».

El consejero defendió por su parte que «lo que nos encontramos (en 2019) era una declaración de intenciones insuficiente en su financiación, en su definición y en sus plazos. Y sin embargo ahora tenemos un marco realista que ha permitido que se licite un proyecto global. Nunca se había llegado a este punto, que ya no tiene vuelta atrás. Alejandro Calvo también consideró que los pliegos técnicos del contrato para redactar el proyecto «sirve para descartar dudas sobre la estación de autobuses, para la que deberá estudiar un emplazamiento y un diseño integrado con la estación ferroviaria». Pidió por tanto «dejar de manipular» con respecto a otras infraestructuras como el intercambiador de El Humedal, «que es un proyecto independiente».

Precisamente ese intercambiador será hoy objeto de debate en la Junta General a raíz de una iniciativa de Foro en la que insta a posponer su construcción hasta que no entre en funcionamiento la estación intermodal. El PP ha presentado una enmienda a ese texto para que, en línea con un acuerdo similar adoptado ya por el Pleno municipal, lo que se pida es «evaluar los posibles impactos ambientales y sociales» de ese equipamiento «a fin de optar por las mejores soluciones técnicas y de diseño que hagan compatible la potenciación del transporte público con el resto de usos del espacio urbano, favoreciendo la convivencia ciudadana».

Por su parte el presidente local del PP, Pablo González, instó ayer al Ayuntamiento a «eliminar las restricciones en materia al uso de los vehículos particulares». Y Foro criticó el «chantaje» que en su opinión supone que desde la Concejalía se vincule la obtención de fondos europeos a la aprobación del Plan de Movilidad.