El Principado garantiza medidas para que el impacto de la depuradora «sea muy bajo»

Los problemas de calidad del agua y el aire de Gijón «preocupan y mucho» no solo a los ciudadanos, al edil de Medio Ambiente y al gobierno municipal de coalición. También inquietan al Gobierno del Principado. Así lo aseguró ayer Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, antes de participar en una jornada sobre sostenibilidad organizada por Coca-Cola en el Club de Regatas.

La viceconsejera manifestó estar al tanto de ambas cuestiones, si bien se mostró algo más intranquila por la calidad de las aguas de la ciudad. «Es evidente que hay problemas puntuales de vertidos que probablemente habrá que mejorar entre todos con la reparación de algún colector o abordando otras cuestiones que empeoran la calidad del agua», reconoció. En este sentido, la activación de la depuradora del este, paralizada por orden judicial, la juzgó fundamental. «Estamos a punto de que se resuelva la nueva tramitación de impacto ambiental -señaló- y esperamos poder hacer las actuaciones precisas para ponerla en marcha cuanto antes, porque jugará un papel importante en la mejora de la calidad del agua».

Este nuevo documento incluye un informe de ruidos, tal como exigía la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó el cierre de la depuradora el pasado julio y revocó la autorización de la Audiencia Nacional que había permitido la puesta en funcionamiento parcial de la instalación. Hace apenas quince días, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, ya aseguró durante una visita a Gijón que la tramitación ambiental «había culminado prácticamente todo su recorrido administrativo» antes de ser trasladada al juez, que será quien decida acerca de la apertura de la estación.

Cabe recordar que España ya ha pagado sendas multas de 12 y 10,356 millones impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tratar las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas, siendo la mayor de ellas la denominada como Gijón este, que representa un 37% del incumplimiento total reprochado al conjunto del país. Según los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica, al Cantábrico se echan sin tratar como exige la directiva aguas sucias equivalentes a las que producirían 433.342 vecinos. «El incumplimiento es claro», admitió.

Preguntada acerca de una más que probable reiteración de la oposición vecinal por parte de los residentes en la colonia El Pisón, que acaban de presentar una nueva denuncia en la que reclaman la anulación completa del Plan General de Ordenación, Nieves Roqueñí lanzó un mensaje claro: «Todos tenemos que velar por el bien común». Aunque dijo entender una cierta reticencia por parte de «los vecinos que están más cerca por el fenómeno de 'no en mi patio trasero'», afirmó que «el impacto de la depuradora va a ser muy bajo». Asimismo, comprometió, «se tomarán las medidas correctoras que se tengan que tomar para que incluso se reduzca dicho impacto». «La depuración es muy importante», dijo, y en lo que respecta a la calidad de las aguas de la ciudad «ha de primar el interés general, porque es mucho lo que nos jugamos».

Si bien el mes pasado el concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, comunicó su intención de implicar «a más de una administración» para poner solución económica a la situación del río Piles revisando el saneamiento de los equipamientos cercanos, así como las redes de la Empresa Municipal de Aguas, la viceconsejera no comprometió por el momento partidas económicas para este asunto. «Ahora estamos elaborando el presupuesto en una economía muy difícil», indicó.

En cuanto a los «problemas puntuales de calidad de aire en la zona Oeste», la viceconsejera los achacó a «condiciones atmosféricas» determinadas. «En los días con calma atmosférica hay fenómenos de inversión que pueden hacer que suban puntualmente las emisiones, pero no parece que sea un problema que vaya a continuar». Y, añadió, «todas las medidas que se están tomando -el Ayuntamiento anunció recientemente un plan contra la contaminación que incluirá más restricciones cuando se produzca una alerta, sobre todo en materia de tráfico- como las inversiones que están haciendo las empresas del entorno van encaminadas a mejorar la calidad del aire». Por ello, dijo, «estamos tranquilos y confiamos en que no vaya más que a mejor».