El Principado rechaza comprar las viviendas de La Camocha para evitar los desahucios

Varios vecinos de La Camocha, ayer, en la Junta. / HUGO ÁLVAREZ
Varios vecinos de La Camocha, ayer, en la Junta. / HUGO ÁLVAREZ

Podemos planteaba su adquisición para luego arrendarlas de nuevo a sus inquilinos. «No tenemos competencias», replicó el Ejecutivo

PABLO SUÁREZGIJÓN.

El Principado no puede, ni se plantea, evitar los desahucios en el poblado minero de La Camocha, mediante la compra de las viviendas con dinero público. «No tenemos ni competencias ni presupuesto para una solución así», explicó ayer en la Junta el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández. Descartaba así el planteamiento propuesto por Podemos, que abogaba por que la administración adquiriese las viviendas en riesgo de desalojo para luego volver a arrendárselas o vendérselas a sus actuales inquilinos en condiciones similares a las pactadas en su día con Mina La Camocha, arrendatario original de los inmuebles.

«No es justo que se lleve a cabo un desahucio colectivo por el saqueo que otros cometieron en Mina La Camocha, entre ellos consejeros socialistas, y que terminan pagando las familias 50 años después», cargó el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, en referencia al exconsejero de Industria, Víctor Zapico, condenado por el fraude cometido en la empresa minera antes de su cierre. Por este motivo, la bancada morada considera que la responsabilidad de encontrar una solución al conflicto que ahora se plantea corresponde al Principado y, «en último término», a su presidente, Adrián Barbón. «Poco o nada tenemos que ver con los lamentables hechos ocurridos en La Camocha. Mi responsabilidad ahí no existe y no tengo por qué asumirla», replicó el consejero, quien acusó a Ripa de querer imputar «a toda aquella persona que se vincule a un gobierno socialista».

Ejemplo en Ciñera

La solución propuesta por Podemos toma como ejemplo la que en su momento puso en marcha la Junta de Castilla y León para frenar los desahucios en Ciñera, un poblado minero muy similar al de La Camocha en donde los inquilinos, en su mayoría mineros y sus familias, estuvieron a punto de ser desalojados de sus casas. En aquella ocasión, el gobierno autonómico decidió adquirir el terreno y alquilar o vender las casas a precios asequibles en virtud de las condiciones económicas de cada inquilino.

La concejala de Bienestar Social y Derechos, Natalia González, se comprometió ayer en el Pleno municipal gijonés, en respuesta a un ruego de Podemos, a poner a disposición de los afectados por posibles desahucios los servicios jurídicos y las ayudas de las que dispone la Empresa Municipal de Vivienda.