«No vamos a parar hasta que nos dejen vivir tranquilos»

Dicho y hecho. Los vecinos del poblado minero de La Camocha, sobre los que, en algunos casos, pesa una amenaza de desahucio si no aceptan las condiciones que les propone la administración concursal que gestiona actualmente los activos de Mina La Camocha, prometieron en marzo tomar medidas para protestar por la situación. Ayer llevaron a cabo la primera de ellas.

Medio centenar de vecinos invadieron la carretera de la AS-248 a la altura del llagar El Fugitivo y provocaron la paralización del tráfico durante poco más de veinte minutos. Una protesta simbólica con la que buscaron mandar un mensaje a la concursal, el de que no van a detenerse hasta conseguir una solución «razonable» al conflicto.

Los vecinos del poblado, en su mayoría viudas e hijos de mineros, ven ahora cómo, con el fin de liquidar las deudas contraídas por Mina La Camocha, se les obliga a comprar las viviendas, que en su día les fueron arrendadas a los mineros de manera vitalicia, por un precio que roza los 90.000 euros. Una cantidad que, dadas las características y la antigüedad de las viviendas, consideran fuera de lugar. «La tasación realizada por el juzgado es irreal. No vamos a pagar ese dinero porque no nos corresponde a nosotros asumir las deudas de otros», afirmaba ayer una de las manifestantes. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Adrián Arias, subía la apuesta. «Los vecinos no van a pagar la estafa y malversación de unos empresarios mineros que solo vinieron a lucrarse con el trabajo de cientos de trabajadores. Vamos a defender con uñas y dientes las viviendas de toda su vida y no vamos a parar hasta que los dejen vivir tranquilos», advirtió.

El desbloqueo de la situación pasa, en gran parte, por la realización y entrega al juzgado de un peritaje alternativo, en el que ya trabaja la asociación vecinal. Su intención es la de demostrar al juez que el precio al que ofrece la concursal las viviendas está fuera de mercado, y sentar así las bases para el comienzo de una negociación paralela que, esperan, derive en unas condiciones más favorables para los arrendatarios, y en la que se tenga en cuenta el dinero invertido por estos tanto en alquiler como en obras de reforma.

Otro de los grandes temores de los inquilinos es la compra del terreno por parte de una constructora que decida llevar a cabo «sucias» prácticas que les terminen obligando a abandonar sus casas.