El Puerto de Gijón apura un acuerdo previo con Telf que evite la celebración del juicio del carbón

Telf reclama a la EBHI una indemnización de 53 millones de euros en concepto de daños por haberle impedido durante años el acceso a las 159.984 toneladas de carbón de su propiedad que estaban en el puerto y, finalmente, por haber perdido la mayoría de ese cargamento. El pago de una indemnización de este calibre, en el que caso de un fallo favorable a la Telf, comprometerá muy seriamente la viabilidad y el futuro de la terminal de graneles.

La llegada de Nieves Roqueñí a la presidencia del Puerto de Gijón y, por tanto, también a la de la empresa European Bulk Handling Installation (EBHI S. A.), creada en 1991 para gestionar la terminal de graneles sólidos, ha significado un cambio radical en este caso respecto a su predecesor en el cargo, Laureano Lourido, que no accedió a reunirse con la exconsejera socialista para el traspaso de poderes y tampoco dejó un informe de temas pendientes que se le había solicitado desde la Consejería de Movilidad del Principado.

Roqueñí presidió su primer consejo de administración de la EBHI el 19 de marzo, casi un mes después de llegar a El Musel, en el que se decidió la sustitución en la dirección general de la empresa de Lucía Herrero por Gonzalo Mallo, así como denegar la solicitud de Laureano Lourido para reincorporarse al puesto de director gerente de la EBHI que tenía cuando fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria.

En ese momento, la presidenta de El Musel también encargó a Mallo realizar una investigación interna sobre la desaparición de las 120.284 toneladas de carbón de las instalaciones de la EBHI del total de 159.984 toneladas que descargó el Berge Triglav en octubre de 2020.

Siete meses después, Nieves Roqueñí presentó al consejo de administración del Puerto los resultados de ese informe en una reunión extraordinaria y monográfica, que se celebró el pasado 10 de octubre. «Mi compromiso como presidenta, tanto de la empresa estatal EBHI como de la Autoridad Portuaria de Gijón, es actuar con rigor y transparencia, aportando luz a un suceso que no debería haber ocurrido, y mantener en todo momento informado tanto al consejo de administración del puerto como al de la sociedad EBHISA de las actuaciones que se derivan del conocimiento de estos hechos», señaló Roqueñi, quien eludió dar más detalles públicos sobre el estado de la cuestión. «Se trata de un proceso abierto y que corresponde instruir a la Justicia, con la que estamos colaborando en todo lo que precise», añadió.

La investigación encargada en su momento al gerente de la EBHI, Gonzalo Mallo, ha detectado presuntas irregularidades y una supuesta gestión negligente, que como principal consecuencia ha supuesto remitir a la Fiscalía de Asturias un informe detallando supuestos indicios delictivos. Con esta documentación ya en sus manos, la Fiscalía debe valorar si incoa diligencias de investigación propias o deriva el asunto al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, donde ha recaído el intento de Telf por mantener abierta la investigación penal de este caso.

En paralelo, también se ha procedido a aplicar medidas disciplinarias en forma de despido disciplinario a los exdirectivos José Manuel del Arco y Lucía Herrero, que fue ratificado por el consejo de El Musel, tras su aprobación por el de la EBHI.

A la vista de esta información, la compañía Telf, como publicó EL COMERCIO, lamentó «la tardanza» del Puerto de Gijón en investigar la desaparición de su carbón y señaló que «se confirma lo que hemos mantenido desde el principio: nuestra propiedad fue objeto de una apropiación indebida a sabiendas y se intentó ocultarlo».

Roqueñí decidió mantener al despacho Ontier para la representación legal de la EBHI, aunque lo reforzó a través de un convenio con la Abogacía del Estado. El objetivo ahora es alcanzar un acuerdo con la demandante que permita asegurar el futuro de la terminal de graneles gijonesa.