El Ayuntamiento de Gijón prevé un recorte del gasto social, las inversiones y el personal eventual

Ajustes en el personal eventual, subida de las tarifas de basuras y del Patronato Deportivo Municipal, mayor control del gasto de la Fundación de Servicios Sociales y una revisión a la baja de las inversiones que se podrán afrontar con cargo a remanentes de Tesorería. Esas son algunas de la medidas que la concejala de Hacienda, Ana Braña, avanzó ayer del Plan Económico-Financiero (PEF), documento que ha debido elaborar el equipo de gobierno por incumplir la regla de gasto en 4,5 millones de euros en la ejecución presupuestaria de 2017.

Para volver a la senda del gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda, Braña remarcó que frente a algunos ayuntamientos españoles que optan por subir de forma generalizada los impuestos, han optado fundamentalmente «por controlar y no generar gasto nuevo».

Según explicó de forma gráfica, como el plan financiero tiene un marco temporal por dos años, el Ayuntamiento no podrá gastar éste más de un millón de euros por encima de lo que se gastó en 2017 para las obligaciones reconocidas. Es decir, no se podrá gastar más de 210 millones de euros. Y en 2019 la limitación será que no se podrán gastar más de cinco millones de euros de lo que se prevé gastar en 2018. Esto es, el Consistorio gijonés no podrá gastar más de 215 millones de euros.

Como medida para obtener más ingresos solo se plantean incrementos de tarifas públicas en Emulsa y el Patronato Deportivo Municipal. Un 5% para la recogida de basuras y un 4,7% para los precios públicos por el uso de las instalaciones que dependen del Patronato. Estas subidas supondrán 196.000 euros más para este año por parte de Emulsa y 50.000 euros más por parte del Patronato. El efecto en la recaudación para 2019 sería de 588.000 euros más por parte de Emulsa y 150.000 euros más por parte del Patronato.

El plan financiero también prevé una caída de ingresos por la plusvalía del 30% (5 millones de euros).

Respecto al capítulo de personal, garantizó que el plan permitirá cumplir todos los compromisos del convenio colectivo firmado el año pasado para los empleados municipales, así como el incremento retributivo marcado en el Acuerdo por la Mejora del Empleo Público firmado por el ministro Montoro y los agentes sociales. También para 2019 se recoge una partida de 725.000 euros por si se aprueba la jubilación anticipada de policías locales.

No obstante, el equipo de gobierno sí prevé hacer ajustes que afectan al personal eventual de refuerzo después de valorar todas las necesidades de plantilla con las interinidades que sean precisas en caso de baja por enfermedad o jubilación. Pondrá especial atención para controlar las nuevas contrataciones de personal por acumulación de tareas (que tienen un periodo máximo de contratación de seis meses por circunstancias excepcionales) y a funcionarios adscritos a proyectos concretos con un plazo máximo de contratación de tres años. En principio, no habrá nuevas contrataciones de este tipo y se seguirá el desarrollo de los proyectos.

También anunció Braña que mantendrán las transferencias a organismos autónomos y empresas municipales, convenios con asociaciones y convocatorias de concurrencia competitiva, excepto una aportación superior de 190.000 euros para Apta. En 2019, en cambio, están previstas subidas en todas, con una diferencia en empresas y organismos de 3,4 millones de euros respecto a 2018. Asimismo, el PEF recoge algunos aumentos en ayudas como es el caso de los clubes Hostelcur (40.000 euros más) y Mavi (25.000 euros más). Además, figuran la formalización del convenio con Apta y los 75.000 euros adicionales para la Semana Negra, condicionados a que presente un plan de viabilidad económica, una cantidad que no aparece en 2019.

Respecto a las inversiones, se recogen todas las obras en ejecución y aquellas que son objeto de modificación presupuestaria llevadas a Pleno, por lo que las no aprobadas se volverán a someter a votación por parte de los grupos. En concreto, están estimados 14,5 millones de euros de gasto real entre los que se incluyen los 4,5 millones de remanente para inversiones financieramente sostenibles, aunque quedan al final sin uso los 4,2 millones para libre disposición.

Se controlará más el gasto social que fue el que motivó el incumplimiento de la regla de gasto. Referente a la renta social, Ana Braña indicó que en 2018 está prevista una convocatoria de 1,6 millones de euros, y que se estudiará una segunda pero ya con cargo al presupuesto de 2019. Eso sí, subrayó que la primera convocatoria está sujeta a la aprobación de la modificación presupuestaria que no salió adelante en el pasado Pleno. Además, explicó, prevén en la Fundación de Servicios Sociales un gasto de 15 millones de euros para 2019 (1.871.000 euros más que en 2018).

Remarcó que se aseguran las obras comprometidas en barrios degradados (Portuarios y Tremañes para 2019, y la licitación de las obras para Contrueces y Monteana a lo largo de este año) y las aportaciones comprometidas con la ZALIA y el plan de vías. Además, a requerimiento del Principado, está prevista una ayuda a Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de 315.863 euros, para 2017 y 2018, y de 172.402 euros en 2019.

Según destacó Braña, con este plan financiero, que ya ha sido presentado al Principado y ha sido entregado a la oposición para negociar políticamente posibles modificaciones, se podrá cumplir «sin duda» la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los límites de endeudamiento. También garantizó que permitirá a la próxima Corporación elaborar su presupuesto «sin ninguna sujeción» a este plan.