«Nos sentimos vejados», dice el matrimonio sancionado por dejar sus enseres en la playa de San Lorenzo durante la pandemia
La pareja llevó el caso a juicio: «Fue un abuso de poder y por eso decidimos ir hasta sus últimas consecuencias»
«Fue un día horrible. Nos sentimos muy vejados y maltratados. Aún nos duele recordarlo. Fue un abuso de poder, y por eso decidimos llevarlo hasta sus últimas consecuencias y ante la justicia, para eso, para que se haga justicia». De esta forma, visiblemente emocionada y con los ojos llorosos, se manifestaba este martes la mujer octogenaria a la que una controladora de la playa de San Lorenzo, en el mes de julio de 2020 y en plena pandemia, le retiró todos sus enseres depositados en la playa de San Lorenzo mientras se daba un paseo con su marido por el arenal.
El episodio terminó en la caseta de salvamento, con el matrimonio en traje de baño, un policía local imponiéndoles una sanción y el marido camino de su casa con el uniforme playero a buscar el DNI para que el agente pudiera formular la correspondiente denuncia.
Casi tres años después, previa negativa inicial del ayuntamiento a quitar la denuncia y posterior rectificación, el asunto se trató este martes, en vista oral, en la sala de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gijón, ante la juez Estefanía López. El matrimonio quiere una satisfacción en forma de 300 euros (el mismo importe de la sanción luego retirada), el periódico EL COMERCIO de aquel día, una caja de pastillas Juanolas y la calderilla, al considerar que todo ello le fue «hurtado» por la controladora (que nunca llegaron a poder identificar pese a intentarlo) «sin cobertura legal alguna», consideran. Fue una vista de cuarenta y cinco minutos en la que, pese a ser requerido por la defensora del matrimonio, la juez no consideró necesario que acudiera como testigo la controladora que retiró los enseres de la arena.
Sí acudió, sin embargo, el policía local que suscribió la denuncia, aunque el matrimonio aseguró que no había sido él quien los sancionó sino otro compañero más joven. El agente, con 25 de experiencia, dijo que había actuado a instancias de la controladora, que no había bajado al arenal, que había sido la única sanción que puso por esa causa en todo el verano, y añadió que el matrimonio «había sido advertido varias veces» de que no podía ocupar espacio público en la playa.
Los hechos se produjeron el 25 de julio de 2020, aunque la sanción de 300 euros no fue notificada al matrimonio hasta casi ocho meses después, el 15 de marzo de 2021, cuando, a entender de su letrada, «el acto administrativo ya estaba prescrito». María del Mar Heredia, letrada del matrimonio, no ahorró calificativos para la inicial sanción, que valora como «incoherente, ilógica, absurda, extravagante y demencial». «Si una persona llega a la playa y se va a dar un baño o un paseo, ¿tiene que bañarse o pasear con sus enseres en la mano para que éstos no se queden solos y se considere reserva de espacio alguno?».
Volviendo a los hechos, recordó que sus clientes llegaron a la playa, se fueron a dar un paseo y un baño y, a la vuelta, sus efectos habían desaparecido. Luego se enteraron que fue una controladora quien se llevó «sus cosas», que no devolvió, como acto previo a la sanción de un policía local por importe de 300 euros.
Este martes, en el juicio, la letrada señaló que no existía ninguna ordenanza municipal que amparase que una controladora de la playa, a la que, aseguró, al día siguiente se le apartó de ese trabajo porque había tenido ya más problemas con anterioridad, pudiera llevarse los enseres privados de la arena, ocasionando «vergüenza y desamparo» a sus defendidos con un «abuso de autoridad» y un tratamiento «tosco y descortés», y resaltó los trastornos ocasionados a sus defendidos, incluido el derecho al honor al producirse los hechos en público, en pleno paseo del Muro.
Por su parte, la letrada que defendía los derechos del Ayuntamiento de Gijón reconoció que «se pudo hacer mejor» y que «la multa se anuló porque tenía un defecto grave», pero apuntó que si el hombre denunciado tuvo que ir a su casa a por el DNI «era una responsabilidad suya» el no llevarlo encima, que no se habían probado daños de ninguna clase y que, en suma, no había lugar a indemnización alguna. El asunto quedó visto para sentencia.
