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GABRIEL GALLEGO
GIJÓN.
Miércoles, 11 de diciembre 2019, 01:50
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«Un día fui al banco a sacar dinero y me dicen que mis cuentas están retenidas. Desde entonces, mi vida y mi intimidad son públicas». Reyes Mercado, madrileña de 68 años que asegura haber sido funcionaria de la Delegación de Hacienda durante 44, lleva dos años viviendo en Gijón. Según su relato, enviudó en 1995, su única hija vivía en París y decidió venir a Asturias a disfrutar de sus años de jubilación. Sin embargo, a esta mujer que tiene a gala ser licenciada en Económicas y Empresariales la suerte le fue esquiva. Tanto que desde el pasado junio vive en la calle debido al «embargo por parte del Estado» de su pensión. «Desconozco el motivo por el que me bloquearon mis cuentas, estoy a la espera de un juicio. Mi abogado dice que el Gobierno ha eliminado jubilaciones a doquier para cuadrar las cuentas», relata. Mientras espera su contencioso administrativo contra el Estado, Reyes Mercado ya ha pasado por «un portal y un cajero», antes de recalar en septiembre en su actual refugio, el soportal de un antiguo comercio del número 70 de la avenida de la Costa. Un local en el que dice sentirse «humillada» por algunos paseantes. «Hay unas viciosas del cotilleo en este barrio que cada día me observan como si fuera un animal de feria. Incluso he recibido amenazas. Solo me faltan unas rejas para estar en un zoo», ironiza. Sin embargo, asegura sentirse «arropada» por otros vecinos. «Al principio dormía entre cartones, pero con el tiempo, personas anónimas y voluntarios de Cruz Roja fueron dejándome mantas, un somier y un colchón», relata. Incluso, afirma estar amparada por los dueños del local. «Me dijeron que me podía quedar aquí el tiempo que necesite».
El Hospital Gijón, ubicado justo enfrente de este escaparate, también aporta su grano de arena. «Cada día me abren sus puertas para acceder al baño, asearme, tomarme un café o cargar mi móvil», dice.
Mercado afirma que desde Cáritas se le ofreció, en un primer momento, una habitación. «Pero finalmente recularon». Sin embargo, la entidad benéfica niega su versión y asegura que fue ella quien «rechazó» la propuesta.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Natalia González, asegura que «todas las personas que solicitan los recursos destinados a los sintecho acceden a ellos».
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