Transportes pide prorrogar hasta 2028 la vigencia de la declaración de impacto de la estación intermodal de Gijón

La DIA fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en enero de 2022 y la ley señala que este tipo de documentos dejan de tener validez en un plazo de cuatro años si en ese tiempo no se ha empezado el proyecto al que hace referencia. En este caso la fecha límite era el 20 de enero de 2026, pero ni siquiera se ha licitado aún la denominada 'fase 0', correspondiente a la demolición del viaducto de Carlos Marx, el desvío de los colectores subterráneos de la EMA que se verían afectados por la construcción de la estación y la reordenación en superficie de todo este entorno –incluidos los terrenos ocupados por los andenes de la antigua estación Jovellanos–. En la última reunión del consejo de administración de Gijón al Norte el Ministerio prometió contratar estos trabajos a lo largo del primer trimestre de 2026 e iniciar su ejecución a finales del próximo verano. Pero eso podría conllevar una caducidad de la DIA que obligara a repetir los trámites ambientales. Para evitarlo, Ineco se ampara en la posibilidad legal de solicitar una prórroga de hasta dos años más, siempre que no se hayan producido «cambios sustanciales» en la posible afección de la obra a su entorno.

Así lo argumenta en un documento en el que repasa «la situación actual» de todos los elementos analizados en la DIA de 2022. Los cambios han sido mínimos, «no sustanciales», y referentes únicamente al cálculo del tiempo de retorno de las zonas inundables y la cercanía de puntos de captación de agua. Sobre la base de este análisis, solicita formalmente una prórroga de dos años que permitiría iniciar la obra en cualquier momento antes del 20 de enero de 2028.

Antes de responder si acepta esa petición –a la que debe responder en un plazo de tres meses–, el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado el correspondiente informe a varias administraciones implicadas (el Ayuntamiento de Gijón, las consejerías de Movilidad y Medio Ambiente, Cultura y Salud, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Servicio de Emergencias del Principado y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria). La ley no contempla la posibilidad de una segunda prórroga cuando expire el nuevo plazo.