«Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»

Su situación es crítica. Actualmente solo tiene empleo Yolanda, que trabaja en una peluquería, y su sueldo debe mantener a toda la familia. «No nos podemos permitir entrar a un alquiler en el que te piden 700 u 800 euros de renta», indica con preocupación. Por eso lleva desde enero desviviéndose para conseguir una vivienda social, de protección, de urgencia e, incluso, de emergencia –«todas las habidas y por haber»–, aunque sin éxito alguno. «Fui a Servicios Sociales, a la Empresa Municipal de Vivienda Pública de Gijón (Emvisa) y a Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa), pero solo me dicen que hay una lista de espera y al final se pasan la pelota unos a otros. Incluso llegué a hablar con la secretaria del director general de Vivienda, comentándole mi situación, la cual me volvió a dirigir a Vipasa», expone.

Una lista de espera que Yolanda cuestiona porque le consta que en el barrio de Nuevo Roces «hay, por lo menos, más de 15 viviendas vacías». Tras múltiples conversaciones con la gerente de Vipasa, Susana González, para acceder a una vivienda social o de protección, solo «me dice que no, que esas viviendas ya están adjudicadas, cuando llevan años vacías, y que están pendientes de algún arreglo», cuenta con escepticismo.

Lo ha intentado todo. «Traté de reunirme con el gerente de Emvisa, Ángel Benavente, pero como ya había hablado con una trabajadora social tampoco hubo manera. Nadie me hace caso», se lamenta. También intentó concertar una cita previa con el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, y su secretaria la llamó para confirmarle que así sería, pero nunca recibió más noticias al respecto. «Ya no sé qué más hacer, me estoy volviendo loca. Hay un montón de viviendas vacías o cerradas y en septiembre nos van a dejar en la calle con un bebé de siete meses».

Ante esta ausencia de ayuda por parte de la administración pública, decidió pedirle más tiempo a su casera. «Le pedí que me renovase el contrato un año más y que me subiese el alquiler», ya que lleva pagando una renta de 400 euros desde 2020, pero se negó. «Ya he ido a desahucios a informarme de lo que me viene encima», señala Yolanda, que ve cómo se acerca la fecha límite para que se tramite su salida forzosa del piso sin tener una alternativa a la que acogerse.

«No les da la gana de meterme en una vivienda social y estoy desesperada, necesito que alguien me ayude», suplica con angustia. Aunque «lo que más me duele es que metan a personas que delinquen o causan problemas y que no atiendan a una familia normal y corriente que necesita ayuda».