Alcoa, a la espera

Hoy, cuando pende sobre la plantilla avilesina un expediente de extinción de contratos, es decir, el cierre de la factoría, es conveniente recordar que el anterior consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, puso su firma al documento final a favor de Parter advirtiendo, alto y claro, que lo hacía, por «lealtad institucional». Supongo que lo entenderá todo el mundo: lealtad institucional con el Gobierno central -única Administración con competencias directas en esta historia-, cuyo Ministerio de Industria celebraba que por fin se hubiera llegado a un acuerdo de venta, que evitaba el cierre puro y duro que la propia Alcoa había anunciado en octubre de 2018. Y se puede decir que todo el mundo respiró aliviado, simplemente porque nadie podía imaginarse que aquello iba a salir, no mal, sino en los tribunales de justicia con acusaciones de estafa y otros delitos.

Isaac Pola, que sí dio muestras de conocer bien el terreno que pisaba en el aspecto industrial de esta región, peleó para que se tuviera en cuenta en el proceso de venta la opción de la empresa alemana Quantum, que presentó su opción para convertir la factoría de Avilés «en la mayor planta de reciclaje de aluminio de Europa», renunciando a las cubas electrolíticas y evitando así depender del cada día más insostenible precio de la energía en este país.

Alcoa, con la bendición expresa del Ministerio de Industria, desechó la opción de Quantum porque «sólo apostaba por Avilés», y de poco sirvió que semanas más tarde incluyera también en su propuesta la fábrica de Coruña. La suerte estaba echada. A Quantum y a su socio asturiano ni se le dejó entrar en la factoría para ver el estado de las instalaciones.

En definitiva, la opción de Quantum para Avilés se desechó al inicio «por solidaridad» con la planta de Coruña.

Este jueves, la directora general de Planificación Enerxética de la Xunta de Galicia, el comité de empresa y el administrador concursal se sentaron en torno al cuaderno de venta de la fábrica de Coruña elaborado por la propia Consellería de Economía y un equipo técnico de la plantilla de Alu Ibérica, que valora la fábrica en 20 millones de euros. El documento plantea dos opciones de futuro, aunque ya precisa que en las actuales circunstancias es materialmente imposible que pudiera activarse la que apunta a la puesta en marcha de las cubas electrolíticas, en vista del coste de la energía. Descarta por lo tanto la producción de aluminio primario.

El otro plan, básicamente, contempla convertirse en un polo de producción de aluminio secundario, es decir, chatarra en horno de refusión; en una primera fase, 2022-2023, mejora de la fundición para la producción de tocho; en 2024-2025, actuación en planta de pretratamiento y preclasificación de chatarra sucia; a partir de 2026, mejoras en la productividad y capacidad de la fundición y aumento de reciclaje de chatarra sucia. Inversión, 51 millones de euros. Empleo, 129 trabajadores, de los 300 actuales. (Con las cubas, el empleo sería de unos 230). Esta opción conseguiría mayor rentabilidad, menor inversión, mejores indicadores ambientales y menor dependencia energética y de materias primas.

Eso sucedió en Galicia. En Asturias hubo otros anuncios, aunque sin ninguna concreción, al menos según los testimonios de los que asistieron a la reunión virtual entre los gobiernos central y autonómico y el comité de empresa.

Resumen: puede haber hasta siete empresas interesadas en Alcoa Avilés. Eso sí: sin trabajadores. Con promesa de colocación de algunos en el nuevo negocio y una bolsa para apuntarse en el futuro. Se entiende que el nuevo inversor tampoco querrá saber nada de deudas con proveedores y pedirá, por qué no, la planta casi a coste cero. Con estas condiciones puede haber siete aspirantes y también 17. O más.

Es curioso que ahora, 30 meses después, Coruña y Avilés ya van por libre y en solitario.

Para la planta de Avilés, tal y como está configurada actualmente, me remito al artículo publicado en esta página el día dos de este mes de enero, bajo el título 'El gran engaño'. No hay ningún inversor dispuesto a asumir este negocio porque el precio de la energía hace inviable el arranque de las cubas.

Dice el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, que la SEPI no puede intervenir «porque no lo permite la Comisión Europea». París, jueves 13, el ministro de Economía francés, Bruno La Maire, anuncia que EdF, primer productor de generación y distribución de electricidad de Francia y de Europa, que tiene al Gobierno francés como principal accionista con un 83,6%, tendrá que vender más electricidad de energía nuclear a precios más bajos «para proteger el poder adquisitivo de los franceses», empresas electrointensivas incluidas. A EdF le va a suponer unos 8.000 millones de euros. Eso sí: «el Ejecutivo informó y obtuvo el acuerdo de la Comisión Europea para implementar la medida», pese a que la misma Comisión lo puede considerar ayudas estatales para las empresas. No pasa nada.

El mismo Blanco apuntó otro impedimento para la entrada de la SEPI: la empresa está ahora bajo administración concursal. Pues sí. ¿Y en los meses anteriores?

Con este panorama volvemos a Asturias, en donde en toda la semana no se ha escuchado o leído una sola propuesta más que la de estar «a la espera de los inversores» y por supuesto asistir a otro debate político de altura: tiene que dimitir el actual consejero de Industria. Y ya está: problema resuelto.