¿Coherencia?

Al consejero de Industria se le podría haber reprobado antes tras el fracaso de Asturias al no haber sido capaz de convencer al Gobierno de España de que nuestra región merece, no un trato de favor -como el que sí han obtenido comunidades como el País Vasco, Cataluña o Valencia-, sino un apoyo expreso por la naturaleza de su industria electrointensiva, de la que dependen sectores estratégicos para este país como son el acero, el zinc, el aluminio, el vidrio, el químico...

La política medioambiental de la ministra de Transición Ecológica ha sido injusta con Asturias, sin haber medido las consecuencias de decisiones como las del cierre de las centrales térmicas o la eliminación del servicio de interrumpibilidad sin haber articulado antes soluciones alternativas. El estatuto de las electrointensivas fue un fiasco para Asturias. Sin paliativos. Y las compensaciones por el CO2 decididas por el Gobierno de España han venido al trantrán, más por presiones (por los datos y la insistencia de la prensa, sobre todo) que por convencimiento, con la disculpa inicial de que «no lo permite la UE». Primero fueron 65 millones y luego 179. Pero esa UE que vale para cualquier disculpa permite hasta una aportación de 300 millones, que algunos acercan incluso a los 500.

Todo eso, unido a la actual crisis de la energía que ha provocado reacciones tajantes en países como Francia para tratar de solventar el gravísimo problema del coste de la electricidad, serían suficientes motivos para haber reprobado al consejero de Industria, y no porque él no lo hubiera denunciado y reclamado a su propio Gobierno de Madrid, sino por la constatación de que en ningún momento consiguió que ese Gobierno, de su mismo signo político, le hiciera caso.

Dicho esto, montar la reprobación del consejero de Industria por el 'caso Alcoa' pertenece más al género del esperpento que al de la política seria. Enrique Fernández tomó posesión como consejero de Industria el día 25 de julio de 2019, seis días antes de que se hiciera efectiva la firma de Alcoa para la venta de sus plantas de Coruña y Avilés a Parter. Es decir, el actual consejero nada supo de aquella historia, que lideró desde el Principado el anterior titular de esa cartera, Isaac Pola -que sí sabe de industria y de política industrial-, quien, como se recordó en este espacio el domingo pasado, alertó en aquella ocasión de que la de Parter no era la mejor opción y que si aportaba su firma era por «lealtad institucional». Es decir, aquella firma llevaba implícito el reconocimiento de que en aquella operación el Principado no tenía competencias para decidir nada. Alcoa imponía y firmaba y el Ministerio de Industria vigilaba y aplaudía porque en aquel momento se encontraba una solución que doblaba la pretensión inicial de Alcoa de cerrar y marcharse. La llegada de Parter fue un respiro para todo el mundo. Incluso nadie debería olvidar que fue el propio comité de empresa y los trabajadores los que tuvieron la última palabra y dieron su consentimiento. Y lo celebramos todos. Todos los que luego nos vimos sorprendidos y afectados por una operación fallida y frustrante.

Si al final esa reprobación se hace sobre todo por apuntar que el consejero no ha sido capaz de «imponerse» al Gobierno de Madrid, por su escaso peso específico ante Moncloa, seamos serios: a quien tiene que reprobar IU -que es la que quería cobrarse esta pieza del consejero desde hace meses- y el resto de la oposición es al presidente del Principado. Por pura coherencia. Adrián Barbón sería, según ese planteamiento, el máximo responsable de que el Gobierno regional no tenga 'peso' ante el de Madrid, si es que esa ha sido la razón última de IU para haber liderado esta iniciativa. Cabe preguntarse por lo tanto si hay alguna razón para que IU no haya reprobado al presidente Barbón y se conforme con un consejero.

Otra pregunta: ¿Izquierda Unida y Podemos no forman parte del Gobierno de España? ¿Cuáles han sido sus gestiones con ese Gobierno para 'salvar' Alcoa? No constan por ninguna parte, igual es que ha fallado la comunicación. Es más, el único diputado nacional que ha hablado claramente y en numerosas ocasiones en el Congreso del grave problema de Asturias con la electricidad, las electrointensivas, el CO2 y Alcoa tiene nombre y apellidos: Isidro Martínez Oblanca, y pertenece a Foro Asturias. Revisen las actas.

Más preguntas: ¿dónde está la Alianza por la Industria de Asturias en el 'caso Alcoa', de la que forman parte todos los partidos políticos sin excepción, más FADE, Cámaras de Comercio, UGT y CC OO, la FACC y la Universidad? ¿Cuántas veces se reunieron después de haberse constituido el 22 de enero de 2021, es decir, hace un año? ¿Intentaron plantarse en Madrid para hacerse notar y llevar sus peticiones? Y más: ¿No hay ninguna duda con el rescate dinerario de Duro Felguera? ¿Tiene todo el mundo claro que la nueva Agencia de Ciencia e Innovación del Principado de Asturias es la mejor solución, o la única, para velar por la industria? ¿Nada que decir ante la caída del PIB industrial del Principado? ¿No se analiza por qué hay 3.400 empleos industriales menos en el último trimestre de 2021 y que el empleo de esta región va derecho al de los servicios, que conlleva menores sueldos, más precariedad y más empobrecimiento?

Demasiadas preguntas, ninguna respuesta. Pero todos tranquilos: hay un consejero reprobado. Éxito total para salvar a Alcoa.