Despoblación: ¿el servicio universal en riesgo?

Hace bien poco, nos alegraba saber que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio, reserva a ADIF 124 millones de euros para las maltrechas cercanías asturianas. Cercanías, que, en sentido literal, no es el problema único de la vertebración ferroviaria asturiana, donde la línea métrica recorre toda nuestra costa y bastante más, sin posibilidad competitiva alguna.

Traigo a colación, con esta sangría poblacional que no cesa, el temible deterioro del ya frágil servicio universal en los pueblos cada vez más deshabitados, pero con personas -pocas- que tienen derecho a recibir servicios esenciales y hasta de recepción obligatoria. El servicio universal es, tras la liberalización de antiguos monopolios estatales, el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todas las personas usuarias finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible (como lo define, a nivel europeo, el Libro Verde de la Comisión, de 21 de mayo de 2003, sobre los servicios de interés general). Telefonía, telecomunicaciones, correos o transportes son algunos de estos servicios donde es necesario crear un servicio universal que, a través de la encomienda a un proveedor o suministrador, atienda esta obligación universal y, en sí misma, deficitaria.

El servicio universal (USO, en siglas inglesas) comporta un paquete básico de servicios y no es una novedad impuesta por la Unión Europea, sino que se remonta, además en un país tan liberal como los Estados Unidos, a hace ya 115 años, como una idea de Theodore Newton Vail presidente de American Telephone & Telegraph, quien, amén de concebir tempranamente el teléfono como un servicio público, propuso al Gobierno una suerte de monopolio sobre las telecomunicaciones para evitar la discontinuidad de la red y la desigualdad de sus potenciales usuarios. Esta idea será la matriz del servicio universal que empieza a consolidarse en 1913. Pero obligaciones de servicio público y libre competencia de proveedores, es comunión casi imposible, en cuanto a rentabilidad, con lo que debe preverse un servicio universal «a fin de garantizar los intereses generales implicados en el mercado», que se vinculan a la universalidad e igualdad en la prestación de lo que fueron actividades monopolizadas (Comunicación europea de 1993 sobre el servicio universal en un entorno competitivo).

La Unión Europea, en su ya derogada Directiva 2002/21/CE, siguiendo el precedente de la 97/33, veía en el servicio universal un conjunto mínimo y definido de servicios con un determinado estándar de calidad, accesible a todo usuario con independencia de su localización geográfica, a la vista de las específicas condiciones y limitaciones nacionales y a un precio asequible.

La propia expresión 'servicio universal', aunque sigue utilizándose en distintos sectores, está, por evolución, en recesión y, en 2011, la UE adoptó un marco de calidad para los servicios de interés general (SIG) en la UE; texto que aclara cómo se aplican las normas de la UE a los servicios básicos y cómo estas normas, en caso necesario, se revisan para garantizar que atiendan a las necesidades concretas; garantiza igualmente el acceso de todos los ciudadanos a los servicios esenciales y fomenta la calidad de los servicios sociales utilizando sus logros para otros servicios básicos, ya que estos no son un 'numerus clausus'.

Esos servicios de interés general son aquellos que las administraciones de los estados miembros de la UE consideran como tales y que están sujetos a obligaciones específicas de servicio público, aunque se presten por el sector privado. Entre estos servicios de interés general están, como se ha dicho, los transportes públicos (por tren o carretera), los servicios postales y la asistencia sanitaria, clasificándose en tres categorías: los económicos (se prestan a cambio de una remuneración), los no económicos, no sujetos a las normas de competencia y mercado interior, (como la policía, la justicia o la seguridad social obligatoria ) y los sociales de interés general que atienden a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables y se basan en los principios de solidaridad e igualdad de acceso (servicios de empleo y de vivienda social, por ejemplo).

Si imponer obligaciones de servicio público al prestador del servicio universal ya es hoy, pese a la contraprestación, complejo y hasta mínimo, ¿qué podemos esperar ante un territorio aún más despoblado? Y ya sabemos que los ciudadanos somos, en teoría, iguales en derechos y en deberes.