La gestión de residuos a debate

Las dudas y polémicas que había en los primeros años del siglo por el camino a seguir ante las limitaciones del vertedero central de Cogersa (Serín) han vuelto a salir a la palestra, dejando ver que veinticuatro años más tarde de la publicación de la Directiva 1999/31/CEE 26 de abril de 1999, que prohibía depositar residuos en los vertederos sin tratamiento previo -separación y clasificación de las fracciones valorizables y la estabilización de la fracción orgánica-, sigue sin existir una hoja de ruta satisfactoria. Desde el Plan de Futuro de Cogersa (2003), aprobado por unanimidad entre todos los ayuntamientos y el Principado, el proceso clave para el tratamiento de residuos era la valoración energética, siendo precisa la construcción de una planta incineradora. Para ganar tiempo se aprobó una ampliación del vertedero que le permitía acumular basura hasta 2015. Ya entonces se palpaba el grave problema de los residuos mezclados, procedentes de la recogida domiciliaria, que alcanzaban el 45,9% de la basura apilada en el vertedero. La apuesta por la incineradora levantó un vivo debate político y social, con participación de colectivos ecologistas, que dividió al propio Gobierno, con IU enfrentada a los socialistas. Se pidieron más de media docena de informes oficiales y el PSOE abrió una negociación con PP e IU sobre la capacidad de la incineradora, para disminuir las toneladas de basura quemadas y aumentar el reciclaje. Tras un cúmulo de eventualidades que incluye un revés judicial con el plan de residuos, por cuestiones formales, la incineradora quedó descartada.

En la actualidad, está en vigor el Plan 2017-2024 que tiene como principal pieza la planta de basura bruta, que costó 62,5 millones de euros. Esta instalación evita que los residuos domiciliarios vayan al vertedero, al convertir los restos inutilizables en combustible sólido recuperado (CSR). La planta producirá 160.000 toneladas anuales de CSR. Con fines medioambientales, el Gobierno ha puesto una tasa de 40 euros por cada tonelada que va al vertedero sin tratar (Asturias es la comunidad más incumplidora, todavía hace cinco años el 73% de los residuos iban directamente al vertedero). Si se mantiene la misma cantidad depositada que en 2022 la factura será de 13,9 millones. A ello hay que sumar los nueve millones que recibirá Tragsa por gestionar la planta de basura bruta. Para completar la factura hay que añadir lo que va a pagar el Principado para que las instalaciones industriales se hagan cargo de las 160.000 toneladas de CSR. Acaba de licitar un contrato en el que ofrece un máximo de cien euros por tonelada de CSR. Deshacerse del combustible sólido costará 16 millones de euros. La utilización del vertedero y de la planta de basura bruta y el destino de la fracción resto supondrán 40 millones anuales. La evaluación de todo el proceso se complica al resultar muy difícil deshacerse del CSR por la vía de la valoración química, forma preferida por todos, debiendo recurrir a la incineración, aunque solo sea de manera provisional. ¿Hay que elaborar otro plan de trabajo para Cogersa? ¿Toca rechazar planteamientos idealistas y optar por el mal menor? El debate está asegurado.