Medidas urgentes y debate sereno
Los incendios exigen celeridad en las ayudas y en la solución de las carencias, pero también diálogo para aprobar unas normas eficaces
Los incendios se mantienen, por desgracia, como asunto clave de la actualidad en Asturias. Los bomberos revisan focos de la pasada semana, casi todos en ... el occidente, y vigilan algunos nuevos que han empezado a arder en el oriente de la región. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) aporta ya los primeros datos sobre la tierra calcinada. Hubo 191 incendios en 37 concejos que quemaron 27.755 hectáreas, lo que supone el 2,6% del territorio asturiano. En cuanto a los fuegos, once focos que empezaron a arder en Allande, Tineo, Valdés, Ponga, Parres, Llanes y Piloña llegaron a convertirse en gran incendio forestal, al superar las 500 hectáreas. El foco que causó el mayor destrozo fue el localizado en Valdés, que quemó una cuarta parte del concejo y castigó su valioso patrimonio natural. El presidente del Principado ha declarado prioritaria la elaboración de un plan de choque para relanzar la actividad ganadera y turística. El plan también pretende recuperar los pueblos, resarcir a las personas que han sufrido quebrantos y restablecer los equipamientos dañados. La declaración de zona catastrófica permitirá financiar ayudas e implementar ventajas fiscales. El Principado quiere implicar al Gobierno central en la reforestación.
El debate político surgido tras los fuegos se ha concretado en tres asuntos: la causa (intencionada o fortuita) de los incendios, la reforma de la ley forestal y la situación precaria en que se encuentran las Brigadas de Investigación de Incendios y las cooperativas y empresas forestales. El presidente del Principado calificó de terroristas a los que prendieron fuego al monte, solicitando el endurecimiento de las penas en el Código Penal porque la mayoría de las veces los condenados no entran en la cárcel. Las estadísticas muestran que de cada 90 incendios sólo uno acaba en juicio. En los últimos años sólo hubo un condenado por provocar incendio que haya entrado en la cárcel de Asturias y provenía de otra comunidad autónoma. Por su parte, el candidato del PP, Diego Canga, criticó las palabras de Barbón y señaló que el ministro de Interior no habló en ningún momento de criminalidad (Grande-Marlaska atribuyó los fuegos al cambio climático). Otros políticos como Adrián Pumares (Foro) o Covadonga Tomé (Podemos) también han criticado la falta de políticas de prevención y reclamado medidas con urgencia.
Lo sucedido es demasiado grave como para dejar que la devastación sea fruto de causas genéricas o indeterminadas. En un trabajo de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil, relativo a los incendios que hubo en España entre 1996 y 2005, aparece que la mayoría de los siniestros están relacionados con determinadas modalidades de sujetos, lo que no quiere decir que la culpa vaya ligada a profesiones u oficios, pero sí a personas que actúan de forma dolosa o culposa. Hay que acabar con la impunidad práctica que rodea a este tipo de desastres ambientales y económicos. En este caso, la tolerancia quema el monte.
El presidente del Gobierno regional se inclina por reformar la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado para volver al sistema anterior que impedía practicar el pastoreo en la tierra calcinada por el fuego. La reforma de la Ley de Montes en 2015, realizada por el Gobierno de Rajoy, permitiendo el pastoreo, indujo al cambio de la normativa asturiana y se dejaron en Asturias de acotar las parcelas quemadas, salvo en zonas boscosas. El PP propuso la modificación de la norma regional en 2017, pero ahora discrepa en la propuesta del Ejecutivo. El asunto tiene muchos matices, por lo que requiere de un debate sereno, que forzosamente deberá realizarse en la próxima legislatura. En cuanto a la situación precaria en que se encuentran las Brigadas de Investigación de Incendios, el problema reside en que hay plazas de guardas vacantes; algo similar sucede con las cooperativas y empresas forestales (140 operarios) que colaboran con los bomberos del Principado. El contrato que las vinculaba con el SEPA expiró hace once meses y todavía no se licitó otro nuevo. Estas dos carencias, muy graves, deben resolverse a la mayor brevedad, al igual que la articulación de las ayudas a los afectados.
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