Menos Estado, menos líneas de transporte

Hoy no puedo evitar el hacer alusión al transporte de viajeros por carretera; a los autobuses, en suma, que a falta de trenes mínimamente competitivos se convierten en la opción casi inevitable para trasladarse por nuestra región o a las cercanas, aun cuando los itinerarios hayan menguado en los últimos años y haya poblaciones -y no digo aldeas- donde se antoja difícil llegar o salir, de no contar con vehículo propio. Ese que, según la doctrina al uso, es contaminante y un peligro público a erradicar. Seamos consecuentes.

Y no lo es, a mi parecer, siguiendo la información trasladada por Ana Moriyón en este diario, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ha concebido un nuevo modelo concesional estatal del transporte por carretera, según dice, lo que sorprende, «con el objetivo de adaptarlo a las nuevas realidades y necesidades». La previsión, a falta de la negociación con las comunidades autónomas (en la que espero que Asturias defienda las peculiaridades de territorio y población), limita el número de corredores de titularidad estatal de 79 a 22 y el número de líneas actuales de 966 a 510. Las cifras que nos ofrece la información referida siguen siendo preocupantes para el Principado: el número de municipios españoles con parada en la red estatal pasarán de 1.912 (menos ya de una cuarta parte de los existentes) a 495 o, dicho en términos administrativos, 3.972 municipios y sus 730.000 habitantes no verán detenerse en su término a ninguna línea de concesión estatal, por no hablar, acumuladamente, de las zonas rurales de los municipios de mayor población.

Volviendo a Asturias, la idea del Ministerio es que, de esos 22 corredores, solo cuatro circulen por nuestra geografía: el Madrid-León-Asturias; el de Madrid a Galicia, que, esto sí es importante, se detendría en Navia y Luarca; el corredor del Cantábrico, ambicioso de Llanes a Navia y el corredor de la Plata, que los nostálgicos también seguimos deseando su recuperación sobre raíles, aunque con muy escasas esperanzas.

El Ministerio, en un deseo descentralizador, pero también simplificador de sus cometidos, solo piensa en las poblaciones principales, dejando a las comunidades autónomas rellenar con trayectos internos el resto de sus territorios, a modo de servicio universal para conectar, muchas veces con trasbordo, las localidades de la región. Para compensar, se anuncia, esa gestión deficitaria, adelanta el ministerio que habrá compensaciones económicas a los gobiernos regionales. Ya se verá si esto es así y en todas partes y hasta qué punto las comunidades autónomas van a atender a la ciudadanía territorialmente más desfavorecida. No me parece que, desde el Estado, que tiene el deber constitucional de reequilibrar los derechos y obligaciones de los ciudadanos, esta sea una medida edificante, cuando tanto se nos llena la boca con la España vaciada, que no es otra que aquella en la que sus envejecidos habitantes no tienen acceso al transporte público.

No soy centralista y mi producción académica lo avala. Pero en tema de derechos de la ciudadanía soy profundamente igualitarista y, por qué no, jacobino en lo tocante a la defensa radical de un Estado fuerte. No puede ser que si se sostiene -y es mi caso- que no se puede adelgazar el Estado hasta volverlo un esqueleto, máxime cuando acabamos de ver en la pandemia la pertinencia de unas estructuras fuertes, ahora la Administración central quiera lavarse las manos. Y sí: las comunidades autónomas (y los ayuntamientos) también son Estado. Pero cada cual gobernado, legítimamente, por opciones muy dispares y no siempre tuitivas de los menos favorecidos, aunque sí de la rentabilidad de algunas empresas, incluidas las de transportes.

Confío, cuando menos, en que el Ministerio de Transportes, en esas negociaciones con los gobiernos regionales, imponga condiciones y garantice prestaciones. Pero habrá que verlo. Y lo que está claro es que, línea que se pierde, línea que nunca más se recupera.