El ejercicio de la igual dignidad

La integridad o correspondencia entre la conducta de una persona y los principios que profesa ha perdido su importancia a la hora de valorar al político. Esta es la explicación de que personajes corruptos, encausados, incluso condenados, y, desde luego, claramente deshonestos continúen siendo elegidos por un pueblo ciego ya a cualquier influencia que no sea la de la imaginería mediática o el seguidismo mesiánico. El candidato icono, engreído y vano, se presenta con el grito de la definitiva resolución, pero nunca explica métodos, criterios, rumbos, pérdidas, débitos o contratos necesarios para el cumplimiento de la promesa. Y, sobre todo, nunca explica las consecuencias de sus propuestas para la mayoría de la población. Pregonan la libertad y practican un grosero y porfiado egoísmo.

¿Cuál es, entonces, mi ideología? Un concepto (o principio) se me presenta, poderoso, como epítome o referencia de mi territorio ideológico: igualdad. Cada ser humano es diferente a los demás en memoria, experiencia conformada, constitución física, propiedades psíquicas, propensiones, habilidades y en la naturaleza de sus deseos y sueños. Pero creo firmemente que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, poseen igual dignidad, y que esta es inherente e inmutable, y que ninguna circunstancia, de la naturaleza que sea (nacimiento, sexo, posición económica o social, creencias religiosas, edad o procedencia étnica) puede trastornarla, disminuirla o exterminarla. Creo que todos los seres humanos deben tener idénticas oportunidades y que el Estado debe garantizar esta circunstancia adoptando las decisiones (legislativas o ejecutivas) que fuera menester.

Procuro apoyar o defender aquellas iniciativas sociales, decisiones políticas o propuestas normativas y comportamientos diversos que faciliten o garanticen el ejercicio de la igual dignidad y que afiancen como fundamentales e inviolables todos los derechos referidos a ese principio. Guiado por él construyo mis ideas con respecto a sanidad, educación, seguridad, justicia, cultura, ciencia, economía, medio ambiente, trabajo, impuestos o relaciones con otras personas o pueblos. Guiado por el principio de la igualdad creo en la sanidad pública y universal por encima de cualquier especulación lucrativa en torno a las enfermedades y a los remedios para curarlas o evitarlas; y creo en una enseñanza pública e igual para todos y rechazo las especulaciones o negocios alzados sobre la educación; y creo en un sistema de impuestos progresivo; y creo en la soberanía permanente de los ciudadanos sobre los recursos naturales y apoyo, por lo tanto, la nacionalización de la explotación y distribución de estos recursos y rechazo cualquier especulación sobre el agua o las fuentes de energía; y creo, en fin, que el acceso a estos servicios públicos y a otros esenciales, como pensiones, transporte, comunicaciones, vivienda, justicia, saneamientos, seguridad o cultura no debería ser discriminatorio y que, tanto su organización como su disposición, deberían regirse siempre por el principio de la igualdad.

Nuestra Constitución garantiza este principio al definir nuestro Estado como «Social de Derecho», expresando así la posibilidad de la intervención del Estado para procurar la vida digna. Nuestra Carta Magna deja claro que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad de los individuos sea real y efectiva. Toda propiedad, según nuestra Constitución, puede tener una función social, y la riqueza de nuestro país debe estar subordinada al interés general, y las políticas públicas deben procurar que la distribución de las rentas sea cada vez más equitativa. La teoría está escrita. Pero su aplicación anda perdida en ambigüedades dialécticas, enredos legislativos y demagogias sin término.

Apoyo, pues, medidas como la renta básica universal, impuestos progresivos referidos a ingresos y patrimonios, participación regulada de los trabajadores en los beneficios empresariales, eliminación de las subidas porcentuales que aumentan las diferencias, becas salariales que no dejen a ningún joven sin formación por falta de recursos, sanciones a las empresas que practiquen la discriminación, intervención en el precio de los alquileres y de productos esenciales, tasas especiales a viviendas vacías y cualquier otra medida que procure la igualdad y la distribución equitativa de la riqueza.

Claro que tengo una ideología. Y compruebo cada día que muchos que presumen de 'constitucionalistas' no se han leído nuestra Constitución.