Leyes y derechos
Hemos hablado en varias ocasiones de las leyes educativas y cómo varían cada vez que lo hace el partido del gobierno y cómo esto afecta ... a todos nuestros estudiantes, que son el futuro del país. Estos días se habla de la ley de amnistía y cómo desde el legislativo se puede retorcer la letra de la ley para que parezca que dice lo que no quiere que diga o que no diga lo que no puede decir, pero que efectivamente lo diga. Galimatías como este son los que entran en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Dentro de años vendrá el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional y acaso digan que no, pero ya nada se podrá remediar.
Tener por tanto en manos del legislativo los derechos fundamentales nunca fue un peligro, pero acaso ahora lo sea. Y evitar los vaivenes legislativos y partidistas de un gobierno (que todos cojean de lo suyo) puede ser una obligación que nos garantice que hay determinados aspectos que no van a variar por un interés coyuntural y en ocasiones espurio.
No digo esto por la amnistía, que tanta letra ha derramado y podría derramar, pero creo que todos ustedes tienen formada opinión madura al respecto, y poco podría añadir este humilde cronista. Lo digo porque nuestra vecina Francia ha blindado el derecho al aborto en la constitución, frente a lo ocurrido en algunos estados de EEUU o en Argentina donde parece tambalearse el asunto.
Nadie con una opinión formada y madura puede dudar del derecho al aborto de la mujer si se cumplen las condiciones legalmente exigidas. No es un derecho absoluto e indiscriminado, tiene unos condicionantes legales que se han de cumplir, y sin ellas no puede darse.
Pero una vez que se cumplen, no podemos quedar al arbitrio de quien, en un momento dado, decida modificar una cuestión esencial de nuestro Estado de Derecho. Estos días conmemoraban un grupo de mujeres el denominado «tren de la libertad» que pugnó por el asunto y ahora lo revive. Por eso la educación, el aborto, las garantías sociales, el derecho a hablar en español, son cuestiones tan esenciales que merecen una protección constitucional que precise, para una eventual modificación, una mayoría tan enorme que o bien no se logra al arbitrio de una parte o bien solo se logra con consenso social.
Y por ello, todo lo que sea dotarnos de seguridad jurídica solo es un beneficio. Y nuestras mujeres, tan olvidadas durante años en la legislación de este país, tienen derecho a que se las considere como merecen y a ser protagonistas.
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