Una alianza entre el poder y las élites innovadoras

Primero, la precaria sostenibilidad del estado del bienestar. Desde estas mismas páginas, hemos dedicado varias piezas al asunto, alertando sobre los problemas que se ciernen sobre los sistemas de salud y cuidados como consecuencia del envejecimiento 'boomer'. Especialmente cuando hasta la llegada de los Next Generation, PIB y presupuestos presentaban guarismos similares a las de hace tres lustros.

Segundo, el rol de la inversión pública. La financiación del sistema de bienestar en Asturias -partida que antes de la pandemia había crecido en torno a un 30% desde 2008- se logró en parte a costa del presupuesto de inversión que se redujo, paralelamente, un 75%. Sin embargo, planteamos hace meses que, más allá del mantenimiento de infraestructuras y servicios ya en uso, quizá la inversión pública en una región como Asturias, que nunca se caracterizó por el ímpetu inversor e innovador de su sector privado autóctono, debería reorientarse a apoyar sectores innovadores y a la modernización de los tradicionales, dotándolos de músculo financiero que les permitan crecer, sin olvidar la inversión directa en sectores estratégicos. Y hacerlo colaborando con el sector privado, no entorpeciendo su crecimiento.

Y un tercer asunto, clave: las élites asturianas. Esa aversión histórica por el riesgo y la inversión de parte de nuestras élites, sumada a declaraciones como las citadas, llevan a preguntarse si esas élites, empresariales, pero también financieras, políticas e intelectuales, se ajustarían, siquiera en parte, al concepto, acuñado hace una década por Acemoglu y Robinson, de extractivas. O, lo que es lo mismo, si se da la circunstancia de «concentración del poder en manos de una élite reducida que elabora un sistema de captura de rentas que le permite, sin crear riqueza, detraer rentas de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio».

Responder requeriría un análisis, pendiente, de la posible concentración sectorial en grupos de interés, evolución de partidas presupuestarias consolidadas, etc. Pero, sobre el primer punto, en los órganos ejecutivos de las principales organizaciones empresariales privadas generalistas -cuyo legítimo objetivo es la defensa de los intereses de sus asociados, influyendo en las decisiones políticas- se observa que agrupan a un centenar de empresas y organizaciones muy diversas, desde el comercio a las nuevas tecnologías, así como las delegaciones asturianas de compañías antes controladas por capital local. Sin embargo, al entrar en el detalle, destaca la importancia cuantitativa y cualitativa de sectores tradicionales, como el metal (algo lógico en comarcas como Gijón o Avilés), las ingenierías o de ramas como el comercio, la construcción y la hostelería, concentrando dobles representaciones -a través de representaciones cruzadas y de empresas individuales- e incluso presidencias o vicepresidencias en casi todos los equipos de gobierno de esas organizaciones. Sólo una de las organizaciones generalistas tradicionales ofrece una representación potente a los sectores emergentes. Quizá por ello, a lo largo de las últimas dos décadas nacieron asociaciones privadas sectoriales e instituciones público-privadas relativamente transversales, con el objetivo de apoyar la innovación y a los sectores innovadores; aunque no tanto, formalmente, de defender intereses sectoriales. Representan a docenas de empresas TIC, pero también ingenierías (gozne entre ambos mundos) del metal o incluso de materiales de construcción. Están ausentes, curiosamente, las ramas del comercio, la hostelería y la construcción, igual que, a la inversa, los sectores tecnológicos apenas tienen representaciones cruzadas en las generalistas tradicionales.

Llegados a este punto, no podríamos afirmar que nuestras élites económicas, o parte de ellas, respondan con claridad a la definición de extractivas. Pero sí constatar inercias temporales en la representación empresarial que, tal vez, limitan la capacidad de influencia de los nuevos actores para orientar en su favor las políticas públicas, favoreciendo a los más tradicionales. La cuestión es hasta qué punto la ocupación de estas organizaciones, con vocación y capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas, por sectores maduros está lastrando el progreso regional, reorientando decisiones políticas, regulatorias y de inversión en su favor. Sin duda, necesitamos a los constructores, así como de su participación sectorial. Pero recordando que hay nichos de actividad creciente, si bien de menor volumen que la obra pública o el sector residencial, como la vivienda pública, la rehabilitación o el aislamiento de edificios, para los que se han reservado buenos dineros en los fondos Next Generation. También podemos recordar el caso de Silicon Valley, cuyos orígenes están vinculados a la inteligente inversión de las grandes plusvalías de la construcción en actividades innovadoras. Pero ¿cuál es la participación del sector en, por ejemplo, sociedades de capital riesgo?

Acemoglu y Robinson señalaban que el fracaso de algunas naciones podía atribuirse a la influencia de esas élites extractivas para impedir la destrucción creativa de sectores obsoletos, estableciendo simultáneamente restricciones para consolidar otros nuevos. En Asturias podría darse, siquiera parcialmente, esa situación. Nuestras élites tradicionales -y no sólo empresariales, también intelectuales o políticas- forman parte del fracaso de Asturias a lo largo del último medio siglo. Es posible incluso que en concejos como Oviedo, motor de la economía asturiana hasta hace unos años, la evidente alianza de esas élites empresariales con el gobierno local esté poniendo en riesgo el futuro del concejo y lastrando, de paso, el de Asturias.

Desde algunas consejerías del Gobierno regional y algunos ayuntamientos, también desde entidades privadas y alguna organización empresarial clave, se aprecia la voluntad de revertir esas inercias del pasado, abriéndose y apoyando a instituciones que sostienen la renovación de la estructura económica regional, aportando músculo financiero y haciendo ganar tamaño a las empresas y élites innovadoras. Pero no está claro que sea suficiente. La legislatura que ahora arranca debería dar respuesta a los tres asuntos planteados. Pero, sobre todo, tejer una alianza que comprometa definitivamente a una mayoría de los actores políticos con las élites más innovadores de nuestra economía, de nuestras finanzas y de nuestra inteligencia. Un pacto capaz de liberar y atraer esa creatividad transformadora, imprescindible para convertir el fracaso en el éxito de Asturias.