Radiografía de las pensiones

El embrión de los seguros modernos de vejez parte de dos modelos históricos de Seguridad Social, por un lado, el modelo profesional (contributivo) surgido en Alemania a finales del siglo IX, por otro, el modelo Atlántico con raíces en Estados Unidos e Inglaterra que combinaba una protección asistencial, con una protección adicional y voluntaria de naturaleza contributiva.

Tras la II Guerra Mundial, al abrigo del progreso económico, la expansión de la seguridad social en occidente, y por ende, de los sistemas públicos de pensiones, fue notable, con incrementos del gasto público. Los sistemas de pensiones son públicos porque sirven como mecanismos redistributivos entre generaciones y dentro de ellas, siendo los modelos de reparto (trabajadores en activo financian las pensiones de jubilación a cambio de que los futuros trabajadores financien las suyas) los que mejor sirven a dos objetivos competitivos difíciles de alcanzar simultáneamente: correlación pensión/contribución (contributividad) y garantía de un nivel mínimo de prestación (solidaridad).

El sistema de pensiones en España es uno de los pilares básicos del estado de bienestar, y la entrada en déficit desde hace unos años ha puesto al descubierto retos que el sistema ya tenía con anterioridad, probablemente infravalorados hasta entonces, por venir de etapas en las que había superávit, y necesitaba reformas con un doble objetivo difícil de conciliar: la suficiencia o adecuación de las prestaciones y la sostenibilidad financiera del sistema; las dos mitades de la ecuación de la política de pensiones. La mejor garantía para ello, y también para el mantenimiento del estado de bienestar, es tener unas finanzas públicas saneadas que den holgura para atender necesidades extra en periodos de crisis.

El sistema español es la suma de la Seguridad Social en sus componentes contributivo y no contributivo, y del Régimen de Clases Pasivas de los funcionarios del Estado. La ratio gasto sobre PIB mide el esfuerzo de la sociedad en pensiones, habiendo crecido en los últimos cuatro años 1,3 puntos, desde el 12,3% en 2019 hasta el 13,6% en 2023, por encima de la media de la Unión Europea.

El reto del envejecimiento es evidente, esperanza de vida al nacer y a los 65 años en aumento, crecimiento vegetativo de la población negativo en los próximos 50 años (más defunciones que nacimientos), y escasa aportación del saldo migratorio. Porcentaje de la población mayor de 65 aumentando hasta el 28,6 % en 2050, año en el que habrá que pagar quince millones de pensiones, por los diez que se pagan ahora.

La relación entre mayores de 65 y la población en edad de trabajar es creciente, camino de dos afiliados para financiar una pensión, y habrá problemas financieros para garantizar el nivel de gasto únicamente con cotizaciones, y esto no solo afecta al sistema de pensiones, sino también a otras cuestiones: gasto sanitario y dependencia en aumento, ingresos públicos y crecimiento de la economía. En el diagnóstico no hay consenso ni tan siquiera sobre si el sistema es sostenible, menos aun, sobre los cambios que precisa. Se debate básicamente desde una doble perspectiva: una visión social que pone el énfasis en lo que se desea gastar, elevando cotizaciones, proponiendo vías alternativas de ingresos, e incrementando el gasto en términos de porcentaje sobre PIB, por creer que hay margen de aumento, comparativamente con otros países de la Unión Europea; y otra visión actuarial, que concibe un sistema cerrado financiado únicamente con cotizaciones que pone el énfasis en lo que se puede gastar. Este enfoque considera que el sistema español es demasiado generoso (pensión media respecto al salario medio y primera pensión respecto a último salario, superiores a la mayoría de países UE, y coberturas de las aportaciones inferiores en al menos 5 años a la esperanza media de vida a los 65 años), y se proponen ajustes de gasto, y equivalencia actuarial entre cotizaciones y prestaciones. También proponen fuentes de financiación alternativas a través de la previsión social empresarial complementaria y el ahorro voluntario individual. El profesor Herce ha declarado que se debería trabajar hacia una reforma del sistema de pensiones aprendiendo de los resultados en otros países. Menciona el ejemplo de Holanda con una tasa de sustitución del 101% sobre último salario, donde el 70% de la pensión proviene de la empresa y el 30% de la Seguridad Social.

Los mensajes sobre el futuro del sistema que llegan a la sociedad son contradictorios, en unos casos muy optimistas y en otros en el lado contrario. Quizás ambos pequen de exceso. El mensaje optimista podría matizarse en el sentido de que los recursos no son ilimitados, que la financiación del déficit con impuestos, requiere detraerlos de otras necesidades y que para el mantenimiento del gasto en términos de PIB, es necesario un crecimiento sostenido de la economía; y el mensaje pragmático en el sentido de que los sistemas cerrados también tienen riesgos incluso de sostenibilidad precisamente por la incertidumbre de ciclos adversos de la economía en duración y magnitud.

En materia de reformas, contrasta la adopción por amplísima mayoría del Congreso de los Diputados de las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la «viabilidad y suficiencia» del sistema de pensiones, con acuerdos mucho más limitados en el desarrollo del mismo y agria presencia en el debate político, como hemos visto en la última campaña electoral utilizado electoralmente las pensiones por el camino fácil de sembrar dudas sobre la intención o la capacidad del adversario político para garantizar la viabilidad del sistema. El enorme esfuerzo colectivo que ha permitido construir, mantener y desarrollar esta obra gigantesca, merecería un esfuerzo de la clase política para resolver estos temas con visión estratégica y pactos de Estado.

La utilización electoralista es inaceptable, pues las pensiones no son un regalo del gobierno de turno, son un derecho constitucional, que cualquier ejecutivo debe garantizar, dando certidumbre y transparencia sobre las expectativas futuras de las pensiones.