Electricidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tardó minutos en personarse en la sede de Red Eléctrica de España para comprobar in situ la tarea de recuperación del sistema y a la vez demandar toda la información sobre lo sucedido, hizo un ejercicio periodístico básico: hacer preguntas para encontrar respuestas. Las 5 W (en inglés) que deberían seguir mandando en esta profesión: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? (Who, What, When, Where, Why). Y se supone que cada uno de los actores del sistema eléctrico de este país, todos sin excepción, colaborarán en esa tarea para saber lo que ha sucedido, poder analizar lo que ha fallado y articular las medidas de corrección que determinen los informes de los técnicos. Y saber quién va a pagar el destrozo causado.

El gran apagón del lunes, que no tuvo precedentes, fue resuelto entre seis y diez horas –a los 15 minutos ya se había iniciado la recuperación–, como corresponde a un país moderno, hoy locomotora económica de Europa. España no es un país tercermundista, como se llegó a decir por parte de quienes la libertad se basa en terrazas y cervezas. Ya hablarán los técnicos de lo que ha sucedido y por qué. Alguno de esos expertos ha llegado a decir que llegar al 'punto cero' puede ser una tarea de meses incluso, aunque al final se obtendrán los datos precisos.

Expuesto lo anterior, el grave suceso que vivió este país el lunes debería invitar a reflexionar sobre la realidad industrial de Asturias, y dentro de ella, de Avilés y su comarca, en donde el peso de la incidencia de la industria en el PIB es mayor todavía. Y la primera conclusión de ese análisis, cuando hablamos de cuestiones como la competitividad empresarial, las inversiones y el futuro, es que tenemos un problema. En el proceso de descarbonización al que asistimos –descarbonización exprés como se denunció reiteradamente en esta página–, se comprueba que Asturias tiene dificultades para atender la demanda actual de electricidad que exigen las empresas y las actuaciones futuras que otras han iniciado y que la sociedad en general les demanda.

La industria es el principal consumidor de energía en el Principado de Asturias: el 65 por ciento del total (España está por el 27%). En pleno debate sobre el mix energético, que se avivará ahora tras el colapso de la red eléctrica, se constatan en Asturias dos hechos relevantes. Por un lado el del consumo, por otro el de la capacidad de producción eléctrica y almacenamiento.

Y hay datos. En un tiempo en el que la actividad industrial ha bajado, nos encontramos con empresas como Asturiana de Zinc, que tras realizar una inversión de más de cien millones de euros en 2022 para una nueva nave de electrolisis, tuvo que tomar la decisión de renunciar a incrementar su producción por un problema de abastecimiento y precios de la energía. Ahora ha puesto en marcha una planta fotovoltaica en las antiguas balsas de jarofix para el autoconsumo. 15 millones de inversión, con financiación del PERTE industrial y para una potencia de 28,7 megavatios. Si vamos a ArcelorMittal, afronta ahora mismo una inversión de 213 millones para la nueva acería eléctrica de Gijón. ¿Qué necesidades de energía va a tener? ¿Y si hace lo mismo en Avilés? ¿Y el DRI en base a reciclaje de chatarra? Son solo dos ejemplos cercanos a la realidad de este territorio.

Segunda cuestión, la de la producción de energía, con una respuesta rápida: surgen problemas por todas partes y no por falta de anuncios de proyectos, sino por las trabas administrativas, de permisos, y finalmente por una oposición que se balancea entre la política y la social. En Asturias hay 24 parques eólicos en operación con una potencia instalada de 698,66 MW, pero según la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA) hay otros 49 proyectos seleccionados en tramitación, que puede alargarse durante diez años. En eólica offshore el resultado es cero. No hemos pasado de los anuncios de un proyecto, con una oposición clara para cualquiera de las tres zonas de la costa asturiana que figuran en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEN), que contemplan 750 megavatios para ¡2030! Es decir, mañana. Si nos vamos al capítulo de las baterías para el almacenamiento necesario de energía, nos encontramos con que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca como objetivo 22,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento también para 2030. En Asturias no hace falta decir lo que está sucediendo con la oposición política y social a esas plantas de baterías. Y todo ello sin hablar de la otra cara de todas estas cuestiones: la capacidad de inversión, actividad y empleo que generarían todos esos objetivos si los anuncios y las propuestas se convirtieran en una realidad.

Lo sucedido el lunes debería invitarnos a reflexionar sobre nuestra realidad más cercana y concluir si nuestras necesidades, nuestras demandas y los anuncios de inversiones son compatibles con todas las trabas con las que se encuentra la generación y el almacenamiento de energía eléctrica. Ese debería ser el debate. El chapoteo se lo dejamos a los de siempre.