Preservar el sentido común

La situación resulta cuanto menos llamativa. Tras más de 40 años prestando servicios públicos en las calles de Gijón, sin que se haya registrado conflicto alguno relacionado con la disponibilidad de servicios higiénicos, ahora nos encontramos ante un requerimiento oficial que apunta a una presunta «insuficiencia» de aseos. Todo ello a raíz de una denuncia conjunta de las secciones sindicales de CT, CSI y UGT, cuya aparición coincide –casualmente o no— con un contexto de tensión laboral que parece pretender se sancione a la empresa para la que trabajan.

Desde Emulsa, y como ya se ha comunicado en otras ocasiones, se ha facilitado a la Inspección de Trabajo la información pertinente: ubicación de vestuarios y locales propios dotados de aseos, además de servicios públicos situados a menos de diez minutos a pie de los puntos habituales de trabajo. Cabe añadir que los operarios nocturnos disponen de vehículos de empresa que les permiten acceder a estos espacios con agilidad, tanto en nuestras instalaciones de Roces, como en las del vertedero de Cogersa en Serín, donde acuden en dos ocasiones a lo largo de la noche a descargar su vehículo, y que cuenta con instalaciones sanitarias habilitadas para su uso.

Gijón, por su parte, ofrece alternativas de emergencia bien conocidas por cualquiera que trabaje de noche: centros de salud 24 horas, gasolineras, estaciones de tren y autobús, hospitales, y hasta establecimientos de hostelería abiertos en horas nocturnas. ¿Realmente estamos ante un problema estructural? ¿O se trata de una exageración burocrática impulsada por un afán denunciante que parece ser atendido ansiosamente por la Inspección?

Resulta inevitable preguntarse si esta nueva «preocupación» es proporcional a la magnitud del supuesto problema. Porque, mientras se dedica tiempo y recursos a investigar cuántos minutos tardan los trabajadores en llegar a un aseo, esta misma semana el Principado ha sido escenario de un trágico accidente laboral con cinco fallecidos. Un hecho que sí evidencia fallos graves en la prevención de riesgos laborales, en la comprobación de estar de alta en el trabajo, y que debería poner en el centro del debate las verdaderas prioridades que deben marcarse los funcionarios responsables de las inspecciones y ejercer su trabajo eficientemente. Evidentemente, Degaña está muy lejos.

Con esto no se pretende minusvalorar los derechos laborales ni restar importancia al acceso a servicios básicos. Pero sí es legítimo plantear si determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo responden realmente al interés general o, por el contrario, se ven arrastradas por dinámicas sindicales centradas más en la confrontación que en la mejora real de las condiciones laborales.

Tal vez haya llegado el momento de que la Dirección Provincial de Trabajo reflexione sobre la eficacia de ciertas actuaciones de alguna de sus inspectoras, y sobre el uso del tiempo y recursos públicos en cuestiones que, lejos de representar un riesgo inminente para la salud de los trabajadores, con la que está cayendo, llenan de comentarios jocosos las redes sociales. Las prioridades laborales existen, y hay que respetarlas. Pero también es necesario preservar el sentido común que parece que se ha perdido.