En el acto de conmemoración del Día de la Constitución, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, pronunció un discurso donde repasó ... los hechos principales de la Transición, abordó las claves que llevan al éxito o fracaso de las constituciones y propuso reformas concretas para el texto constitucional de 1978.
Si se me permite la expresión, la película de la Transición ya ha sido visionada por todo tipo de públicos, unos se quedarán con las anécdotas y otros con aspectos más sustanciales, pero del choque entre el proyecto reformista, capitaneado por el sector más aperturista del franquismo, y el proyecto rupturista, liderado por la dirección del Partido Comunista y el socialismo renovado, vencedor del Congreso del Suresnes, se deben sacar conclusiones que son especialmente relevantes para la situación actual de la política española. A ese respecto, Cofiño destacó dos aspectos interesantes: la decantación del pulso entre reforma-ruptura estuvo presidido por el principio de inclusión, lo que ha permitido ser reivindicado por un amplio abanico de fuerzas; en segundo lugar, la esencia de la transición no son los consensos sobre la gobernanza, sino la institucionalización del pluralismo político, lo que se conoce como «el espíritu de la Transición». La actual política española está en las antípodas de las coordenadas de la Transición.
Sobre las potenciales reformas del texto constitucional, el presidente del Parlamento, tras referirse a las clásicas demandas (abolir la preferencia del varón sobre la mujer en el derecho a la sucesión de la Corona o la conversión del Senado en Cámara territorial) propuso la constitucionalización de los derechos sociales de nueva generación, como la renta mínima garantizada, o los nuevos derechos ambientales, tan relacionados con la problemática del equilibrio climático.
En la parte final del discurso realizó las propuestas más transcendentes de una hipotética reforma, como es convertir en letra constitucional el reparto de recursos entre las comunidades autónomas; dar ese realce jurídico y político a las reglas que determinan la financiación de las comunidades sería un escudo ante los intentos de transgresión de los gobiernos con partidos independentistas que fomentan la desigualdad.
Como clave de bóveda de la reforma propuso la reforma del Título VIII de la Constitución para pasar de una concepción autonomista a otra federal. Pregunto: ¿serían más leales los nacionalistas en ese marco?
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