Eternos 26 de agosto

Esto es una obviedad y forma parte del debate diario en un momento especialmente delicado para el país y sus instituciones. Pero quiero creer que, a salvo fanatismos extremistas, hay un núcleo de derechos irrenunciables que, al margen de alguna interpretación, nos unen y sostienen el edificio del Estado e, incluso, de la construcción europea. Por eso me atrevo a decir que todos los días -y no sólo hoy- deben ser 26 de agosto.

Sabido es que las democracias occidentales -casi con la singularidad respetable del Reino Unido- beben de las experiencias norteamericana y francesa. España no es la excepción pese a no formar parte del club republicano. Y el 26 de agosto, tanto en la Francia heredera de la Revolución como en los Estados Unidos, es una fecha clave, exportable a todo el orbe o allí donde se digan respetar los derechos de la ciudadanía.

En nuestro vecino del norte, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional que se había constituido eliminando los Estados Generales convocados por el rey, aprobó nada menos que la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Un texto de sólo 17 preceptos que, desde 1946, forma parte de las Constituciones francesas. Ni una línea es prescindible de tan venerable texto, pero no me resisto a recordar aquí algún principio basal de la convivencia. Por ejemplo, que la finalidad de cualquier estructura política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. O que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación y nadie puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella, siendo la Ley la expresión de la voluntad general ya que todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes.

Y sobremanera, junto a garantías hoy elementales sobre la libertad de expresión y comunicación, los derechos procesales o la propiedad privada, el artículo 16, con una luminosa concisión, sentencia que, pese a las denominaciones teóricas, «una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». De ahí la trascendencia de un sistema de protección jurisdiccional de las libertades públicas y de una drástica prohibición de injerencia de un poder del Estado en los demás. Algo que, desgraciadamente, estamos viendo con la renovación o bloqueo de órganos fundamentales del sistema.

Pero en los Estados Unidos de América del Norte, el 26 de agosto también se conmemora un hito de gran trascendencia como hito universal. Se trata de la aprobación de la Decimonovena Enmienda a la Constitución, concretamente en 1920. Tras mil batallas ganadas por etapas federales, tras la ratificación por el Estado de Tennessee, la Cámara de Representantes dio luz verde al sufragio femenino; nada menos. Aunque debe recordarse con orgullo que, sólo once años después, la Constitución española de 1931, hacía lo mismo. No hubo en esta materia nuestro peculiar retraso histórico, aunque, tras la Guerra Civil, se volviera a las tinieblas en este y en tantos aspectos.

Creo que tanto la separación de poderes como los derechos de las mujeres, hacen merecedora de un recuerdo la fecha de hoy.