Igualdades redundantes y financiación

Ya tenemos bastante carga con la diversidad reconocida constitucionalmente a los 'territorios históricos' del País Vasco y Navarra, que en varios momentos de nuestra historia, estuvo en entredicho o suspendida. Ya José Bonaparte, en la Constitución de Bayona de 1808, señaló que se revisarían, porque chocaban frontalmente con un principio de igualdad. Y no sólo de regiones, sino de ciudadanos, lo que es más grave. La mayor calidad de los servicios que percibimos no depende de un maná caído del cielo, sino de lo que pueda recaudarse y más si no hay que compartir equitativamente.

Nuestra Constitución, esa que quiere ampliarse 'de facto', para dar cabida a unos nuevos derechos que permitan pactos fiscales, consorcios tributarios o menguas a la solidaridad a través de cupos, se harta de hablar de la igualdad. En ocho ocasiones, de forma expresa. Y casi bastaría con el artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Hoy en día hay quien echa en falta mayor concisión (por ejemplo, sexo, género, orientación, práctica…), o introducir las desigualdades nacidas de las nuevas tecnologías. Yo creo que es al revés. A estas alturas, con la doctrina y jurisprudencia habidas, bastaría reconocer la igualdad y prohibir toda discriminación.

Pero me detengo un instante, en la línea del título de este comentario, en la misión que el Preámbulo de la Ley Fundamental encomienda a ésta de proteger a todos los españoles y pueblos de España, en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. También, a propósito del patrimonio cultural, la Constitución se refiere a los pueblos de España, sin crear categorías que afecten a la igualdad efectiva de los ciudadanos. Ya se sabe que igualdad no es uniformidad, pero resulta –artículo 138– que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español», y «las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

La financiación de las comunidades autónomas no se queda en la estructura orgánica de las instituciones de autogobierno. Es el nutriente de las obras, servicios y estándares de calidad de la gestión que se dispensa a la ciudadanía desde la comunidad autónoma que, en principio, no debiera admitir regímenes disímiles y discriminatorios. Y educación, sanidad, políticas sociales y buena parte de los transportes,incumben a los poderes autonómicos.

La financiación, justa y equilibrada ha de estar orientada a la igualdad de los ciudadanos en cualquier parte del territorio, como también proclama el artículo 139 de la Constitución. No sólo a tranquilizar a los gobernantes regionales de que, comparativamente, han salvado los muebles.

Creo, volviendo a la rúbrica del artículo, que igualdad de españoles y pueblos de España es una redundancia. Las prerrogativas exorbitantes de algunas regiones inciden negativamente en la equiparación de derechos de la ciudadanía. No digamos, como en la concepción ultraliberal del Estado de Derecho, que pobres y ricos somos iguales porque votamos el mismo día y con las mismas papeletas.

La papeleta la tienen quienes, por encima de credos y obediencias políticas, deben defender con claridad la igualdad, comparativamente hablando, de sus gobernados, por usar, también, una expresión clásica