Vieja guardia, brocha gorda
Lograr una mayoría para formar gobierno es un medio, no un fin. Y si los pactos condicionan el futuro de España, la propia acción de los poderes del Estado queda hipotecada para toda la legislatura y hacia el futuro. Porque estamos hablando de cambios legislativos de calado
Estamos en estos momentos en una situación muy delicada en el país como consecuencia de los resultados electorales del 23 de julio. Esto nadie lo ... ignora, aunque hay quienes, a diestra y siniestra, sólo ven el problema en la aritmética y en el guarismo mágico de 176. Y como quiera que es más que previsible que el señor Núñez Feijoo fracase en su intento de investidura, las opiniones, no siempre comedidas y respetuosas, se centran en los pactos buscados por el señor Sánchez -y Sumar- con las fuerzas declaradas independentistas.
Aceptada y cumplida la exigencia del multilingüismo generalizado en el Congreso de Diputados, las vindicaciones más difíciles de digerir estriban en una amnistía para los implicados en las acciones subversivas de Cataluña, fugados incluidos, y un referéndum de autodeterminación en dicha Comunidad. Otros implicados, como el PNV, sugieren una nueva lectura de la Constitución, a partir de una suerte de convención que haga innecesaria su reforma (algo que ha gustado a un veterano socialista como Enrique Barón) y, en todo caso, unos subsidiaria y provisionalmente y otros como reivindicación principal, reclaman un trato diferencial para algunas nacionalidades históricas y el tan invocado principio de bilateralidad. Cuestiones que, en gran medida, chocan con la concepción federal del Estado a la que, desde hace muchos años, aspira el PSOE.
Lo antedicho es un mal resumen de cuestiones que están a diario en los medios. Pero el tema es que, dentro de los sectores progresistas que ansían un pronto acuerdo con los partidos periféricos y anticonstitucionalistas (en la Diada, un orador reconoció que su objetivo era la desestabilización del Estado español), empiezan a aflorar palabras gruesas ante las críticas, ciertamente radicales, de personalidades que tuvieron grandes responsabilidades en la Transición.
Hablar de 'vieja guardia' no sólo es una desconsideración; es un error. A las personas se las juzga por lo que dicen y, sobre todo, por lo que hacen. Por sus obras los conoceréis y hay quienes han dejado mucha obra, difícil y perdurable. ¿Sólo las generaciones nuevas pueden decidir el futuro? ¿No quedamos en que es preocupante el neofascismo entre los jóvenes? Esas contraposiciones de viejo socialista y socialista viejo no son de ahora. Cambiando el sustantivo, puedo poner mil ejemplos conocidos. Lo que hay que examinar, más que juzgar, para luego debatir, son las ideas y propuestas. No el pasado de quien las pronuncia o las responsabilidades que en su día asumió. Falta finura y sobran descalificaciones toscas.
Y, en efecto, en lo que actualmente está sobre la mesa de la investidura y que, sin duda, variará en sus contornos, hay cosas discutibles. El presidente Barbón ha sido prudente en el tema de la viabilidad de la amnistía, ya que, en efecto, hay opiniones divergentes, aunque alguna, a mi parecer, pueda ser forzada. Por cierto, sobre este tema, disertará en la Academia Asturiana de Jurisprudencia, el 30 de octubre, el profesor andaluz Manuel Torres Aguilar, uno de los mayores especialistas en esta figura y en el indulto.
No obstante, hay cosas que no son interpretables en la Constitución, sino meridianas, salvo que busquemos el trastorno colectivo. Si la norma fundamental dice que los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen un mandato de cinco años, se refiere a años solares y no a años luz. Y el deber de conocer el castellano se vincula a obligación y no a deuda económica. Y, en las experiencias comparadas que invocamos cuando hablamos de federalismo, pretensiones que ahora se airean como peaje de la investidura, no encajan ni de lejos. Son todo lo contrario.
Lograr una mayoría para formar gobierno es un medio, no un fin. Y si los pactos condicionan el futuro de España, la propia acción de los poderes del Estado queda hipotecada para toda la legislatura y hacia el futuro. Porque estamos hablando de cambios legislativos de calado; de acciones de gobierno arriesgadas y de una desautorización a lo juzgado por los tribunales, con agravio comparativo hacia otros delincuentes.
Sé que no es fácil, porque la crispación está a flor de piel y más ante las urgencias para no tener que volver a votar. Pero respetemos a toda persona que, con bagaje gestor o sin él, quiera trasladar su opinión sobre lo que se está negociando. Luego, la responsabilidad será de quien tenga la legítima potestad de tomar decisiones y a quien se le exigirán posteriormente explicaciones, bien para aplaudir o para censurar. El debate político es cosa de todos y del día a día. No de tertulias previsibles en víspera de elecciones o de acontecimientos trascendentes.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión