Politizar la justicia
Que el poder judicial y sus organismos estén en primera línea como factor de división no es indicio de buena salud democrática
Parece que la crisis es el estado permanente de alguno de los soportes que sostienen nuestra convivencia, como si fuésemos incapaces de navegar en aguas ... tranquilas. Ahora le toca al poder judicial, que a su pesar lleva ya muchos días ocupando las portadas y las tribunas de opinión de los medios. Qué pena. Uno de los fundamentos básicos del Estado, el que debería permanecer más al margen de toda turbulencia ajena y protegido siempre de los malignos efectos del viento político, se pone de actualidad como objeto de desavenencia entre los dos partidos que aspiran a gobernarnos. A la doncella de la balanza y la espada la representan con los ojos vendados, seguramente para que no pueda ver cómo se dificulta su labor con situaciones materiales precarias o durmiéndose en la resolución de esos procesos inacabables, casi todos con algún componente político o sujetos a una irreconciliable disparidad de opiniones. Ahora se trata de un embrollo de nombramientos cuyo seguimiento y comprensión solo están al alcance, si lo están, de unos pocos iniciados; el resto mira, calla y se encoge de hombros. Y, tras leer algo, oír un poco y no entender nada, en su corto alcance el ciudadano de a pie llega a la conclusión de que todo consiste en que unos intentan maniobrar a su favor y los otros se niegan a dejarse engañar.
Hoy la Justicia es una de las instituciones del Estado menos valoradas por los ciudadanos, de las que menos confianza inspira y la menos cercana a la calle. Cuesta entender todo de ella, empezando por esas calificaciones de sus miembros como progresistas y conservadores o esas asociaciones, como la llamada a sí misma Jueces para la Democracia. ¿Es que los demás estamentos no lo son para la democracia? ¿Alguien concibe una asociación de periodistas o ingenieros para la Democracia? Más tranquilizador sería que los jueces lo fuesen para la Justicia. Es una obviedad recordar lo ya sabido: que en el ejercicio de sus funciones el juez no está sometido a ningún otro poder, ni siquiera al legislador, y que es ilícita toda intromisión de cualquier autoridad en su ámbito de actuación; solo debe prestar sometimiento a la ley.
Que el poder judicial y sus organismos estén en primera línea como elemento de discusión pública y como factor de división no es indicio de buena salud democrática. Que el poder ejecutivo trate de colocar en los más altos tribunales a togas afines a su ideología atenta contra el principio básico de la separación de poderes. Y que esté colapsado el máximo órgano de una de las instituciones fundamentales del sistema por no acertar con el método para elegir a sus miembros, nos deja estupefactos a los ciudadanos.
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