Más recursos para Asturias

El conjunto de los parámetros constituye una excelente noticia para los gobiernos autonómicos. La recaudación ha crecido y se espera que lo haga más en este ejercicio por el crecimiento económico, la creación de empleo y, de forma muy especial, por el aumento de los precios. Estamos viviendo un fenómeno ampliamente analizado en la literatura económica, al describir la inflación como un impuesto silencioso. Al subir los precios la recaudación del IVA crece. Al aumentar el salario medio, como compensación a los incrementos de precios, se ingresa más dinero por IRPF. Hace meses que la oposición puso sobre la mesa la deflactación del IRPF, porque mantener los tramos y tipos supone una subida encubierta del impuesto. Algunos gobiernos (País Vasco, Madrid, Andalucía) ya han anunciado que adaptarán el IRPF a la subida de precios. Otros han optado por bajar el impuesto (Galicia y Castilla y León). Debido a todo lo anterior la recaudación tributaria global ha crecido un 17% en el primer semestre, llegando en el caso del IVA a conocer un incremento del 22%.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció otra medida positiva para las comunidades autónomas, al flexibilizar el objetivo de déficit público para 2023, que pasa de representar el 0,1% del PIB al 0,3%. El déficit y la deuda pública constituyen las principales variables económicas incluidas entre los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. La Comisión Europea vigila su evolución estrechamente. La pandemia hizo que se abriera un periodo excepcional de flexibilización de los criterios. Cuando se está en vías de volver al tratamiento normal de las variables, el aumento del techo del déficit autonómico es una ayuda inestimable que contrasta con la reducción del límite (en dos décimas) que se permite a la Administración Estado. A Bruselas se le manda una propuesta conjunta de déficit del Reino de España, que engloba a las tres administraciones territoriales, donde, en esta ocasión, salen beneficiadas las autonomías. Si se puede emitir una valoración general que esté inmune al ruido político, debería admitirse que tanto en la parte más dura de la pandemia, como en la actual, con una gran parte de la población vacunada, la financiación extraordinaria llegada del Estado para los principales servicios públicos (16.000 millones en 2020 y 13.500 en 2021) fue generosa, prueba de ello es que el pasado año hayan terminado las comunidades, por primera vez, con superávit. La elevación del techo de déficit va en esa dirección al ampliar el gasto de las regiones gracias a reducírselo al Gobierno central. El Principado se encuentra con unas expectativas de financiación halagüeñas que deben tener reflejo en el presupuesto de 2023. Hay que tener acierto y sensibilidad para que los servicios públicos y la inversión productiva se beneficien de los recursos transferidos.