Sincronizar relojes

Se puede iniciar el análisis con el concepto de transición justa del que presume el Gobierno de Pedro Sánchez cuando se refiere, él y su ministra Teresa Ribera, a los compromisos adquiridos como país para combatir los efectos del cambio climático. Para el presidente y su ministra, transición justa significa más bien aceleración en los tiempos, hasta el punto de que España es una de las abanderadas en adelantar procesos que ni siquiera se exigían ni en los Acuerdos de París ni posteriormente por la Comisión Europea para el cumplimiento de esos compromisos. Alemania, Francia, algunos países nórdicos, Polonia o República Checa parecen tener diferentes varas de medir el tiempo respecto a las de Moncloa.

En Asturias también lo vemos de otra forma. Transición justa significa pedir un poco de tiempo para que la industria que se va quedando por el camino como consecuencia de unos cierres acelerados -pongamos las centrales térmicas como ejemplo- pueda ser sustituida por otros proyectos similares en cuanto al tejido productivo, económico y laboral que se pretende sustituir.

No sólo no se ha concedido ese tiempo, respaldando cierres que con el paso de los días se están viendo precipitados en bastantes casos, sino que los proyectos de sustitución brillan por su ausencia, en ocasiones bajo el anuncio de algunos que simplemente no existen, o en otros casos con el señuelo -muy socorrido últimamente- de que se promoverá un parque eólico en cualquiera de nuestros montes, como si se pudieran comparar los 600-700 puestos de trabajo directos de las térmicas con los dos o tres de mantenimiento que atienden un parque eólico. Por no hablar, claro, de la influencia de esas térmicas en la minería, puertos del Estado y transporte por carretera.

Asturias, sus grandes empresas como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc o la misma Alcoa, habían pedido también tiempo para poder ir a la descarbonización de sus actuales procesos de producción en base a una innovación muy cara y que no da resultados de la noche a la mañana, y a la vez demandar unos precios de la energía que les permitieran competir en el mercado internacional, lo mismo que las compensaciones por el CO2 permitidas por la Unión Europea.

El Gobierno de Sánchez y el de su ministra Teresa Ribera no ha concedido ni tiempo ni ningún tipo de compensación con una energía más barata y una ayuda con el CO2. Al revés, estamos ante un estatuto de las empresas electrointensivas que suena a camelo precisamente para esas compañías grandes consumidoras. Un fiasco se mire como se mire.

En Asturias, aunque desde Madrid parece que no se quieren enterar, empezamos a sufrir las consecuencias. ArcelorMittal ha traslado a Francia, Alemania y Bélgica todos los procesos de futuro respecto al acero 'verde'. España, Asturias por lo tanto, no cuenta. La culpa, el coste de la energía eléctrica. Pero hay más: ArcelorMittal ha empezado a trasladar al País Vasco una producción que se hacía aquí, en las instalaciones de Gijón y Avilés, por el mismo motivo. Resulta que le da ya lo mismo producir en una planta integral como la nuestra que en una acería eléctrica como la ACB de Sestao, que prácticamente ha estado inactiva durante meses y años precisamente por el elevado coste de la energía eléctrica. Al final de año pueden haberse trasvasado de Asturias al País Vasco 800.000 toneladas de producción. Que alguien eche cuentas sobre las consecuencias en la dimensión de la propia ArcelorMittal en el Principado, más lo que eso va a suponer para El Musel, puerto de Avilés, transporte por carretera, carbón, mineral de hierro... (No quiero pensar que haya habido para este asunto una negociación bajo la mesa a tres bandas: Gobierno de Madrid, Gobierno vasco y ArcelorMittal).

Vayamos a Alcoa. El secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, pedía esta semana tiempo para esperar «la evolución del proceso judicial» abierto por la intervención judicial ordenada por la magistrada María Tardón, desde la Audiencia Nacional. La decisión de la jueza es oportuna y plausible, pero podría haber llegado antes si el propio Ministerio de Industria hubiera reaccionado a tiempo, justo en el momento en que la operación de venta de Alcoa a Parter, que fue bendecida por el propio Ministerio, se desveló como una maniobra engañosa.

Y ahora Raúl Blanco pide tiempo. El número dos de ese ministerio debería recordar que desde que la Confederación de Cuadros interpuso la primera denuncia en el Juzgado contra los nuevos gestores de Alcoa hasta que se ha conocido la decisión de la jueza han pasado ¡siete meses! Y estoy seguro que Blanco tiene en cuenta que, salvo que la jueza diga algo al respecto, el compromiso de Alcoa con las plantas de Avilés y La Coruña finaliza el próximo 31 de julio. ¿Portazo y adiós en dos meses y medio?

El Ministerio de Industria haría bien en tomarse en serio la operación de la venta de la planta de Alcoa de San Ciprián, facilitando con urgencia la venta a la única compañía con la que ha hablado Alcoa, GFG Alliance, en la idea de que si esa operación sale adelante puede haber a continuación una salida para Avilés y La Coruña por parte del mismo grupo empresarial que, por cierto, explicó en su día su intención y sus proyectos a las ministras Ribera y Maroto en Madrid.

Lo ideal sería que Madrid y Asturias, y Galicia, sincronizaran los relojes para evitar el desastre industrial que puede llegar sin tardar demasiado.