Soberanía judicial

El espectáculo protagonizado por quienes se resisten a perder poder en los tribunales es un desprecio lamentable a nuestra democracia, un insulto a la soberanía popular. Es como si determinados jueces intentaran conformarse como alternativa a la democracia parlamentaria. Cada uno de los trescientos cincuenta votos parlamentarios vale igual que los demás y contiene la misma representación. Esto es lo que la derecha se niega a reconocer. Y de los polvos de la acusación de ilegalidad vienen los lodos de las tristes pataletas.

La derecha, si quiere aceptar plenamente la democracia, tiene que asumir que a veces (por decisión popular) le toca no gobernar y que en ese tiempo no disfruta de la representación necesaria para renovar a su capricho las instituciones. Acusa al Gobierno de ilegítimo y desprecia los pactos parlamentarios, es decir, los acuerdos entre diputados que representan a gente diversa, obviando que los pactos son la esencia de la democracia. No hay nada más ilegítimo que unos jueces (partidarios) detengan, por medio de artimañas normativas o triquiñuelas jurídicas, una votación parlamentaria. La soberanía del pueblo es sagrada y si en el parlamento se aprueba una ley que la oposición considera inadecuada o injusta, debe manifestar de manera transparente sus argumentos, anunciar alternativas o recursos y esperar a recuperar la mayoría parlamentaria. Así funciona la democracia. Lo demás es manipulación, sordidez y pataleta desesperada que pone en peligro nuestro sistema democrático.

La democracia es un sistema frágil y en permanente construcción. Exige un cuidado constante. La derecha no está respetando la democracia al negarse a la renovación de los poderes judiciales con argumentos tan cambiantes como peregrinos. Todos sabemos cuál es el motivo del bloqueo. Ellos dicen: no me gustan estos que tienen la mayoría; no permito que quienes tienen la mayoría la utilicen para elegir las composiciones de los tribunales como exige la Constitución; no juego con estas reglas que yo utilicé para sentar a los jueces que ahí siguen con sus cargos caducados; pretendo que cambien ahora las reglas que yo inventé y utilicé, y, si no es así, rompo la baraja. Es todo muy cutre, muy sórdido, muy triste y lamentable.

La derecha bloquea y el Gobierno intenta fórmulas desesperadas y tal vez atropelladas (pero democráticas, pues pasan por una votación parlamentaria) para acabar con ese insostenible bloqueo. Es el Parlamento quien tiene el poder (y solo él) de legislar, de modificar leyes o de cambiar las reglas del juego, y debe hacerlo de forma seria, ordenada, serena y transparente. En este asunto de la renovación judicial los argumentos y los motivos de unos y otros son cristalinos. Una parte intenta utilizar el Parlamento para cambiar una ley y terminar con el bloqueo. La otra sigue empeñada en incumplir la ley porque no le interesa perder poder en los tribunales principales. La derecha quiere prolongar esta situación ilegal hasta alcanzar la mayoría parlamentaria. Entonces aplicará la ley que ahora desprecia, y aquí paz y después gloria.

Nadie puede poner freno a la expresión de la soberanía popular. El Parlamento tiene la obligación de legislar para impedir los bloqueos institucionales. Es su función constitucional. El espectáculo de la incoherencia es mezquino y abominable. El partidismo de los jueces conservadores, su atrincheramiento, su descaro siendo jueces y parte en sus decisiones y su descarado servilismo hacia el principal partido de la oposición es muy grave. Es vergonzoso y patético que unos jueces voten sobre su propia recusación. La negación de los conservadores a cumplir el mandato constitucional no es más que el peligroso delirio de quien no se resigna a la pérdida del poder.