El Ayuntamiento de Oviedo abre expediente sobre los contratos mal prorrogados por el PP

El equipo de gobierno ha ordenado la apertura de un expediente para determinar las posibles responsabilidades que se deriven de los contratos prorrogados de forma irregular y verbal por el anterior equipo de gobierno del PP. Así lo anunciaron ayer en rueda de prensa, la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, y el concejal de Economía, Rubén Rosón.

Citando el informe de la Intervención, desvelado por EL COMERCIO este miércoles, la líder de Somos destacó que se trata de una serie de contratos (seis) que, pese a estar finalizados, se siguieron prestando por las mismas empresas «sin amparo legal» y que son «nulos de pleno derecho». Suman, solo en 2015, 670.000 euros.

Se trata de los contratos de promoción de congresos, con Azvase; el de socorrismo en las piscinas de La Corredoria y el parque del Oeste y el de cuidados de las pistas pádel del mismo parque, ambos con Educación Deportiva del Principado; el de vigilancia del Auditorio y el Palacio de Congresos, con Sabico Seguridad; los servicios de funcionamiento de las piscinas del parque del Oeste, con Sidecu; e, incluso, el alquiler de una nave de almacén general y carpintería, con Gómez Oviedo. Todos ellos siguieron siendo prestados por las mismas empresas, pese a haber agotado el plazo previsto y sus prórrogas. Taboada destacó que, según el criterio del interventor, estos hechos podrían suponer la existencia de responsabilidades patrimoniales tanto para las «contratistas» como para los responsables políticos y técnicos de los mismos.

El equipo de gobierno, de hecho, seguirá indicaciones del alto funcionario. Además de abrir el expediente, pedirá un informe al Consejo Consultivo del Principado sobre estas contrataciones, antes de poder iniciar un proceso de revisión de oficio de sus actos y, al final, poder pagar las facturas. Porque, las facturas irregulares no se pagarán: los servicios fueron «efectivamente prestados».

El PP se defiende

Con 670.000 euros en contratos «nulos de pleno derecho» y «un duro informe de Intervención», como lo calificó Ana Taboada, el concejal de Economía, Rubén Rosón, apuntó a Gerardo Antuña, al que hizo responsable -junto a dos técnicos, «uno de ellos imputado en otra causa»- de «la mayoría de los contratos». Entre los que incluyó, el de Azvase, «de (Fernando Fernández) Kelly, el padrino de la boda de Caunedo», pese a depender, al igual que el de Sabico, de Turismo y Congresos, que era competencia de José Ramón Pando hasta las elecciones de mayo.

Rosón solo encontró una explicación plausible a que contratos que ya estaban finalizados siguiesen prestándose sin ningún amparo legal: «O es una situación de absoluta negligencia y desidia o un interés manifiesto en que estas empresas siguiesen», dijo. Algunos de estos contratos llevaban más de un año en esta situación de prórroga ilegal, destacó el edil de Somos Oviedo, negándose a creer que Antuña «no supiese que se estaban prestando estos servicios de forma totalmente irregular».

El aludido admitió conocerlo, pero justificó la situación en la que quedaron estos seis contratos en retrasos administrativos que impidieron la correspondiente licitación en plazo. Ante esta «situación indeseable» y al tratarse «de servicios que no podían dejar de ser prestados», se optó «con el aval de los responsables» de los contratos por «mantenerlos con las mismas condiciones y precios» hasta que pudiese llevarse a cabo la nueva contratación.

El edil popular negó «que se haya causado un daño patrimonial a nadie, ni a las empresas ni a la administración» porque los servicios se prestaban en las condiciones del contrato caducado. «No hay responsabilidades patrimoniales», sostuvo, aunque el interventor intuye que pueden derivarse del hecho de que estas prórrogas verbales impidieron la libre concurrencia y la competencia por los contratos, de la que cabría deducirse un perjuicio para el Ayuntamiento.

Seguimos igual

Antuña explicó que las nuevas contrataciones de algunos de estos servicios se iniciaron en enero, aunque no ha sido hasta septiembre y octubre, con el nuevo equipo de gobierno, cuando se hayan adjudicado. «Algunos de estos contratos siguen prorrogados a la espera de que concluya su tramitación administrativa y las facturas se siguen aprobando y pagando, con lo que el tripartito da continuidad a los contratos haciendo lo mismo que hacía el PP: misma situación, misma solución», advirtió el edil popular. Rosón lo admitió, pero explicó que tienen que esperar a la revisión de oficio y al informe del Consejo Consultivo para ponerles fin, sostuvo.

Antuña remarcó que se trata de servicios que no podían dejar de prestarse porque habrían obligado a cerrar equipamientos o dejado sin seguridad al Auditorio o el Palacio de Congresos. «Es una situación no deseable, pero frecuente en la administración». Tanto, que la Sindicatura de Cuentas en un informe de 2013 instó a los entes públicos a tomar medidas para evitarla. Entre ellas, la «exigencia de responsabilidades patrimoniales a las autoridades», destacó Taboada.