La jueza procesa a Reinares, Mortera y tres funcionarios por una parcela de Olloniego

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4, María Luisa Llaneza, ha dictado auto de procesamiento -el trámite previo a la apertura de juicio oral- contra los exconcejales del PP del Ayuntamiento de Oviedo Jaime Reinares y Alberto Mortera y contra tres altos funcionarios de las secciones de Licencias y Patrimonio. A los cinco les acusa de delitos de prevaricación y falsedad a cuenta de la venta en favor de la mercantil Urvisa de una de las mayores parcelas de la primera fase del polígono de Olloniego, la B-16, de 16.000 metros cuadrados.

La jueza, además, contradice a la Fiscalía, que había pedido el archivo de las diligencias contra la jefa de Licencias, B. M. C, porque, según el Ministerio Público, se limitaba a firmar lo que su subordinado le presentaba, e incluye a esta alta funcionaria en la nómina de acusados. La magistrada ha pedido ahora a la Fiscalía que formule su escrito de acusación contra los procesados.

La investigación se inició a instancias de una denuncia del PSOE en 2009, que fue archivada dos veces y tan solo 'revivió' en 2013, y se refiere a hechos y relaciones personales que comenzaron a fraguarse casi el siglo pasado cuando se anunció la construcción del polígono industrial y se amontonaron las demandas de este suelo subvencionado con fondos mineros.

La sustancia está en una resolución de la junta de gobierno de 2008, en la que el Ayuntamiento acordó devolver los avales a Urvisa, tras haber cumplido todos los requisitos por los que se le adjudicó la parcela en 2002. Lo único es que no los había cumplido y una serie de concejales y funcionarios maniobraron para obviarlo o no frenaron las irregularidades pese a conocerlas, según concluye la instructora, María Luisa Llaneza. En la lista de personas que maniobraron u obviaron las irregularidades para devolver el aval a Urvisa figuran los exconcejales de gobierno de Licencias del PP Jaime Reinares y Alberto Mortera, y el funcionario responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., su superior, B. M. C. y la jefa de la sección de Patrimonio, M. R. C. F..

El escrito de la jueza recoge y amplía la investigación del fiscal Alejandro Cabaleiro sobre los hechos. Resalta la responsabilidad y el control que J. R. d. L. C., conocido por el apócope de su apellido ('Tales') tenía sobre el expediente, como «responsable directo de su tramitación». También, como autor del informe de fecha 1 de agosto de 2008, el que dio pie a la devolución de la fianza, pese a que Urvisa distaba de haber cumplido las condiciones del contrato.

La mercantil compró en 2002 este suelo industrial en el polígono de Olloniego que estaba sujeto, por su precio ventajoso, a unas estrictas condiciones. Entre las que destacan que debía iniciar las obras de la nave antes de dos años y poner en marcha su proyecto industrial de acuerdo al presentado y no podía revender la parcela hasta transcurridos dos años del inicio de la actividad.

Nada de esto hizo Urvisa en la B-16. Cuando se solicitó la licencia de obras, en 2005, ya habían transcurrido los dos años de límite y la pidió Bitácora 2002, otra empresa que se la había comprado a Urvisa en 2003. Tampoco nadie veló porque se cumpliese el proyecto, ni los plazos. Un año y dos meses después, Bitácora pidió una prórroga de un año de una licencia que ya estaba vencida. Se le concedió en junio de 2006, en virtud de un informe de 'Tales' que decía que se trataba de una obra «parcialmente ejecutada». Otro un informe de diciembre de ese año dice que «las obras no han comenzado». Solo estarán en marcha cuando la empresa pida la licencia de actividad casi dos años después. En un momento, se tramitan a la vez la licencia de obras, la de primera ocupación, la de actividad y el modificado de la de obras.

De todo ello, sostiene el Ministerio Público, era perfecto conocedor el entonces concejal de Licencias, Jaime Reinares, que hacía un seguimiento semanal de la situación de las parcelas del polígono y que conocía «perfectamente» desde febrero de 2007, al menos, que Urvisa ya no era la propietaria de la parcela, «pues firmó un requerimiento» dirigido a Bitácora.

A Reinares le sustituyó Alberto Mortera, que también conocía, según la instructora, que Bitácora era la propietaria y no Urvisa y sabía de la condición resolutoria prevista en la adjudicación. Lo sabían los concejales y lo sabían los funcionarios y, pese a ello, nadie alertó de las irregularidades ni de que el expediente se había ido alejando de la realidad a velocidad de escape. Urvisa presentó un proyecto para hacer dos naves para materiales de construcción. Los técnicos informaron antes de devolver el aval, que había cumplido el proyecto. En realidad, había ni más ni menos que 17 naves.