Rosón acusa al PP de privatizar servicios para meter a «amigos y familiares» en las contratas

En febrero de 2005, Pascual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, acusó al jefe de la oposición, Artur Mas y a su partido, CiU, de cobrar comisiones del «3%». «Su problema se llama 3%», le dijo desde su escaño. El aludido respondió por peteneras, con un no nos vamos a hacer daño ahora que tenemos que reformar el Estatut. Algo así pasó ayer en el Pleno. El equipo de gobierno no tenía muchas ganas de hablar de cómo quedará la Recaudación el año que viene. Prefería hablar del pasado, de cifras en general o disparar contra la oposición de apostar por la privatización de los servicios para favorecer la colocación de «familiares, amigos y crear una red clientelar. Convirtieron al Ayuntamiento en una empresa de colocación, de clientelismo», afirmó el concejal de Economía, Rubén Rosón. «Si nos ponemos a repasar los apellidos (del personal que trabaja en contratas públicas) nos encontraremos con sorprendentes coincidencias. De esto sabe bastante, en otro contrato, 'Chisco'», por el edil popular Francisco Javier García.

La acusación era grave. Gravísima. Rosón, sin embargo, se paró ahí. No dio un apellido más. Saltó del contrato de la Recaudación, del que se hablaba en el Pleno, a otro, el de la zona azul, pero evitó cualquier detalle. Tampoco sobre si existen familiares de funcionarios que trabajan en contratas municipales. El PP tampoco respondió señalando al área de Participación, donde hace apenas unas semanas acusaba de amiguismo y enchufismo a Somos, de «repartir y derrochar» el dinero entre «un circulo muy reducido e identificado» formado por «afines, amigos y propagandistas de Podemos».

Al término de la sesión, 'Chisco' García se limitó a señalar que su mujer «es una profesional que trabaja en una empresa privada».

El concejal de Ciudadanos, Luis Zaragoza, fue el más gráfico, agitando la mano «para que se vaya esta cortina de humo», dijo. Porque, en realidad, lo que se debatía ayer era la solución mixta para la gestión de la Recaudación, el convenio por el cual el Principado asumirá para los próximos cuatro años la recaudación de todos los recibos de impuestos y multas que no se paguen dentro de plazo, pero también la gestión y el cobro del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la viñeta. Agustín Iglesias Caunedo destacó que es la primera vez que se renuncia a la competencia en gestión tributaria. «La cesión en el Principado supone una pérdida de información que este Ayuntamiento no se puede permitir, porque es vital para elaborar los presupuestos y gestionar la tesorería», destacó.

La Sindicatura

También aprovechó para sacar los colores al PSOE y al alcalde. Recordó que, en 2011, Foro defendía un contrato con el Ente Tributario del Principado y fueron entonces los socialistas los que lo rechazaron «porque les preocupaban los trabajadores» de la empresa. A Wenceslao López lo colocó frente a sus contradicciones. El regidor defendió que la gestión a través de una empresa era ilegal según un informe de la Sindicatura de Cuentas. Caunedo le recordó que al informe de «un exconcejal socialista», por Avelino Viejo, síndico mayor de la Sindicatura, contestaron los habilitados nacionales del Ayuntamiento, «con el visto bueno del alcalde, acusando a la Sindicatura de no haber solicitado nunca información sobre el servicio». «¿De quién nos fiamos, de los habilitados nacionales, que son los mismos que avalan la propuesta que traen hoy, o de la sindicatura?», le inquirió. Puestos a preguntar preguntó por el futuro: «¿Qué pasa con la garantía de recaudación, qué pasa con el anticipo, qué pasa que los intereses de los depósitos que ahora cobra el Ayuntamiento?». Y recordó que la empresa anticipa todos los ingresos y nadie aclara cómo «nos vamos a financiar. ¿Con el IBI fraccionado,? que no es que pagas más tarde, sino por adelantado».

Zaragoza por su parte insistió en que los siete trabajadores con los que el Ayuntamiento pretende gestionar la recaudación no cedida al Principado tendrán que «lidiar con 200.000 recibos del IBI», si lo logran, «serán los siete magníficos». Reiteró sus dudas sobre la legalidad del convenio y apostó por una prórroga, para después «remunicipalizar de verdad».

Rosón tampoco entró al trapo. Acusó al PP de haber «regalado» cuatro millones de euros al año a un amigo de Gabino de Lorenzo, por Joaquín Molina Sánchez, propietario de La Auxiliar de Recaudación. «Con nosotros no habrá más garrapatas de la Administración».