Un promotor se enfrenta a dos años de cárcel por instalar un hórreo en el Naranco

Uno promovió unos trabajos ilegales y otro los ejecutó. Ambos responderán ahora, casi siete años después de que iniciara el desmontaje de un hórreo para trasladarlo a las faldas del Naranco, ante el juez. El Ministerio Fiscal pide cárcel para ellos por un delito contra la ordenación del territorio, porque la finca donde colocaron la construcción tradicional era no urbanizable y estaba en un área protegida del monte.

Los hechos que se juzgarán hoy mismo en el Juzgado de lo Penal número 2 se remontan a 2010. A comienzos de ese año, el principal acusado, propietario de dos parcelas situadas en Les Cabañes, en Brañes, solicitó autorizaciones tanto a la Dirección General de Patrimonio Cultural como al Ayuntamiento para proceder al desmontaje y posterior montaje de un hórreo. Pero ese permiso señalaba que todo ese proceso se iba a realizar en la misma parcela, algo que, según el Ministerio Fiscal, no cumplió. El hórreo cobró una segunda vida en otra finca, en una donde era imposible por estar en zona protegida.

El dueño de la finca contrató a un constructor, también procesado en esta causa, para que llevase a cabo el desmontaje y que volviera a reedificarlo en otra parcela de su propiedad, sobre una base de dados de hormigón. «No disponía de licencia municipal ni se podía haber tenido, pues las obras resultaban imposibles de legalizar», sostiene el fiscal en su escrito de acusación.

Los trabajos se demoraron durante meses, pero según el Ministerio Público, en algún momento entre febrero de 2013 y septiembre de 2015, ese hórreo se colocó en terreno prohibido. Recuerda el fiscal que dicha parcela está clasificada como suelo no urbanizable, bajo la categoría de especial protección del Monte Naranco. Las parcelas están incluidas, asimismo, dentro del Plan Territorial Especial del Parque Periurbano del Naranco. En resumen la edificación era ilegal. Y por ello la Fiscalía solicita dos años de prisión para el propietario del hórreo y la finca y un año y medio para el constructor. Reclama también el pago de multas que ascienden a 22.320 euros, la inhabilitación para ejercer durante cuatro años actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria y el desmonte y traslado del hórreo a la parcela de origen.